No hay derecho

Después de que, en marzo, la Corte Suprema dictara un fallo habilitando el acceso al aborto no punible a una víctima de violación, recrudeció el debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras la Corte autorizaba la intervención quirúrgica, estableciendo que en casos de aborto no punible no se debía exigir otro requisito más que la solicitud de la mujer, varios gobernadores kirchneristas se oponían a que se implementara el fallo en sus provincias.(1)

Un fallo que falla

En las últimas semanas, varios juzgados dieron lugar a recursos de amparo presentados por organizaciones derechistas ligadas a la Iglesia para evitar la práctica de abortos no punibles.
En la Ciudad de Buenos Aires, un grupo autodenominado “Pro-Vida” intentó impedir el aborto solicitado por una mujer que escapó de una red de trata y que había quedado embarazada en una violación. Esto fue posible porque Mauricio Macri mencionó públicamente a la mujer y difundió en qué lugar y qué día se haría la intervención quirúrgica, violando el derecho a la protección de la identidad de la paciente.
Pan y Rosas estuvo presente en el escrache a los derechistas “pro-muerte” y exigiendo el cumplimiento del aborto no punible. Bárbara Acevedo –enfermera y delegada de la Junta Interna del Hospital Garrahan- exigió que los hospitales públicos cumplan con la obligación de asistir al derecho de las mujeres víctimas de violación.
Problemas similares se presentaron en la Salta del kirchnerista Urtubey, en La Plata, donde gobierna Scioli y en Santa Fe, del “socialista” Bonfati, donde un tribunal hizo lugar al amparo presentado por el Partido Demócrata Cristiano.

“Este debate hay que terminarlo”

En medio de tantos escándalos, y el mismo día que en Uruguay se aprobaba la despenalización del aborto, el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto, anunció que el oficialismo presentará un proyecto de ley de aborto no punible. “Vamos a presentar un proyecto de ley porque este debate hay que terminarlo”, subrayó. Al mismo tiempo, otras fuentes indicaban que se trataba de una iniciativa personal que no contaba con respaldo oficial del gobierno.
Mientras la derecha y la Iglesia aprovechan la falta de legislación para seguir imponiéndose sobre la vida y las decisiones de las mujeres, crece el descontento en millones de personas que están a favor de la legalización del aborto, como lo expresan las encuestas. Pero Cristina actúa en consonancia con la jerarquía eclesiástica, desoyendo el reclamo que incluso se repite entre algunos sectores de sus propias filas. El kirchnerismo, con la promesa de una mínima medida de legislar sobre aborto no punible, quiere darle un “punto final” al debate. Su objetivo es liquidar de un plumazo la larga historia de lucha del movimiento de mujeres en Argentina, por conquistar la completa legalización del aborto.

¡Legalización YA!

En el país, distintas organizaciones de mujeres computan aproximadamente 500 mil abortos por año y también estiman que, en el mismo plazo, se producen aproximadamente 8 mil violaciones. Si tenemos en cuenta, además, que no todas las violaciones terminan en embarazos, es fácil deducir que ¡menos de un 1% de los abortos que se practican en Argentina estaría comprendido dentro de una legislación de aborto no punible! Por lo tanto, aún si esa ley existiera, miles de mujeres jóvenes y pobres seguirían abortando en clandestinidad, sometidas a condiciones insalubres y al riesgo de morir en el intento.
Sólo un gran movimiento de lucha por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, realizado en hospitales públicos podrá arrancar este derecho del parlamento, imponiendo el histórico reclamo de millones de mujeres a que no haya ni una muerta más por las consecuencias de los abortos clandestinos y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

1 En Argentina el aborto es un delito. Pero se establece que este delito no es punible, en determinadas circunstancias: cuando la prosecución del embarazo hace peligrar la vida o la salud de la mujer gestante o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. Esto último ha sido objeto de debate y de diversas interpretaciones que permitían la judicialización de los casos que se presentaban bajo esta excepción. El fallo de la Corte intentó establecer una interpretación unívoca de los casos de aborto no punible, sugiriendo que había que evitar la judicialización de los próximos casos que se presentaran bajo estas características.