Las luchas de las mujeres: del genocidio al femicidio

El pasado 30 de marzo, estuvimos con las compañeras feministas de Las Azucenas, compartiendo un panel organizado por la Comisión de Género y DDHH del Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata. Agradecemos la invitación a debatir, en el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y también el aniversario del golpe de Estado en Argentina, en la mesa que las organizadoras titularon: Las luchas de las mujeres: del genocidio al femicidio. A continuación, transcribo mi ponencia en dicho panel.

La política ideológica hacia la mujer de la dictadura militar se centraba en la exacerbación de los roles estereotipados de género existentes en la sociedad capitalista patriarcal: se exaltaron sus funciones reproductivas y domésticas, como madres y esposas, relegando a las mujeres al espacio privado, pero otorgándoles supremacía en tanto garantes de la unidad familiar, como “célula básica de la sociedad”. La dictadura exacerbó el modelo dicotómico de género: virgen santa o prostituta, resignificado en la oposición del modelo mariano representado en la Virgen de Luján y otras contra el modelo de la mujer subversiva que transgredía la supuesta esencia femenina y el verdadero rol social de la mujer como madre vigilante y esposa obediente y abnegada, garante de la integridad familiar y convertida en agente promotora de los valores nacionalistas y patriarcales impuestos por el Estado.

Pero ya anteriormente, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón se había limitado el derecho a la anticoncepción. Mientras en los países centrales se conquista el derecho al aborto como consecuencia de las movilizaciones y reclamos del movimiento de mujeres, el Ministro de Salud y Acción Social argentino, José López Rega, promulga, en 1974, el Decreto Nº 659 que dispone controlar, mediante el expendio obligatorio de receta médica, la comercialización de anticonceptivos. Además, se impidió la prestación de servicios de planificación familiar en los hospitales públicos, con la consecuencia de que sólo los sectores de la población con acceso a la medicina privada contaron con atención especializada en materia de anticoncepción, mientras las clases trabajadoras y los sectores populares quedaron prácticamente desprotegidos.

La dictadura continuó con esta prédica: en 1977, la junta militar promulga el Decreto Nº 3.938 “Objetivos y Políticas Nacionales de Población”, en el que se señala que “el bajo crecimiento demográfico y la distorsionada distribución geográfica de la población constituyen obstáculos para la realización plena de la Nación, para alcanzar el objetivo de ‘Argentina-Potencia’ para salvaguardar la Seguridad Nacional.” También se propone otorgar incentivos para la protección de la familia y eliminar las actividades que promuevan el control de la natalidad. Recién en 1987 se deroga el decreto de López Rega.

Sin embargo, tuvieron que pasar 8 años más para que la Cámara de Diputados tratara la ley de salud reproductiva que incluía la provisión de servicios gratuitos en los hospitales público y que bajo la presión de la Iglesia se aprobó con modificaciones y con el nombre de Ley de Procreación Responsable. Sin embargo, cuando pasó a la Cámara de Senadores, se dejó vencer el plazo para su tratamiento y quedó sin efecto su sanción, volviendo a foja cero. Mientras tanto, el Vaticano renovaba su cruzada contra el derecho al aborto, imponiendo el Día del Niño por Nacer, que se instituyó en Argentina bajo el gobierno de Menem y que hoy, bajo la presidencia de Cristina Kirchner sigue vigente y fue conmemorado, como cada año, el 25 de marzo, es decir, al día siguiente del aniversario del golpe de Estado.

Volviendo al modelo impuesto por la dictadura, tenemos que decir que, frente a él, las mujeres militantes –es decir, que tenían una actividad en el ámbito público, pero además con la intención de subvertir el orden social- serán consideradas como elementos transgresores altamente peligrosos, no sólo por su propia actividad militante contra el orden establecido, sino en tanto encarnaban una ruptura con los roles de género tradicionales. Esto es lo que explica por qué, el terrorismo de Estado incluyó objetivos y métodos que podríamos describir como de “disciplinamiento de género”, dando lugar a una violencia política con características específicas contra las mujeres, que incluyó la violencia sexual como uno de sus aspectos más brutales y significativos.

Cuando comenzaron las denuncias del terrorismo de Estado, la violencia sexual quedó invisibilizada en el conjunto de los métodos de tortura y vejaciones sufridas por hombres y mujeres. La abogada Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que, con el Colectivo Justicia YA! fue querellante en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, aquí en La Plata, señala que la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado, debería integrarse en la figura de genocidio. Es decir, como un elemento fundamental de un plan sistemático de exterminio, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el auspicio y la colaboración del empresariado y la Iglesia, que se propuso aniquilar a la clase trabajadora y los sectores populares que constituían un obstáculo para su propósito de reestructuración económica, social, política, gremial y cultural del país.

Podemos decir, entonces, que las violaciones de mujeres prisioneras y detenidas-desaparecidas en los centros clandestinos fue una forma específica y generalizada de tortura que se constituyó en una política institucional de género de la dictadura, que acompañaba –como disciplinador- el discurso dominante que reforzaba los roles tradicionales de género propagandizados por el Estado, el sistema educativo, la Iglesia y los medios. Mientras la violación de los varones operaba como destituyente de la masculinidad del “enemigo”, transformándolo en subordinado, la violación de las mujeres simboliza la ocupación del territorio, la soberanía de los dominantes.

Este disciplinamiento que intenta “encausar” a las mujeres en los roles socialmente establecidos es el mismo que opera detrás de todas las formas de violencia de género: “Estamos viviendo un alto grado de terror. Además de fobias, padecemos tensión y angustia. La verdad es que estamos durmiendo con el enemigo: es lo peor que nos podía pasar.” Eso decía una mujer de Cipolletti después del segundo triple crimen cometido contra mujeres, en menos de cinco años, en aquella localidad. ¿Por qué una mujer que no tenía relación alguna con las mujeres víctimas del triple crimen se expresaba de esta manera? Porque en los casos de violencia contra las mujeres, las huellas de la agresión son una advertencia a las otras mujeres.

Disciplinar, silenciar, controlar es el mensaje dirigido a las otras mujeres que observan estos crímenes aterrorizadas. Mujeres que “deben aprender” la lección que el criminal deja estampada en el cuerpo de la víctima, como las mujeres campesinas de la Edad Media, que eran sometidas a presenciar la quema de brujas (esas otras mujeres que sabían curar, ayudaban en los partos y en la prevención de embarazos a los pobres, algo que la Iglesia y las clases dominantes no estaban dispuestos a permitir). Demostrar -por la fuerza brutal, el ensañamiento, la furia y el crimen- que las mujeres deben mantenerse recluidas en su hogar, protegidas por otros varones, sometidas a una vida opresiva para no sufrir el castigo que han pagado con sus vidas las que se atrevieron a desafiar el orden socialmente establecido para los sexos.

A diferencia de otros casos de violencia interpersonal, la violencia contra las mujeres es una violencia estructural porque parte de esas normas socio-culturales. Mientras otros casos de violencia tienen su origen en la marginalidad (drogas, robos, delincuencia) y actúan desestabilizando y atacando el orden establecido, la violencia estructural hacia las mujeres actúa, por el contrario, como un elemento que contribuye a mantener un determinado orden, en el que las mujeres permanecen oprimidas. Por eso nos negamos a denominarla “violencia doméstica”, ya que ese nombre invisibiliza que no se trata de una violencia “individual”, específica del ámbito privado, sino que es estructural para una sociedad que reproduce y legitima institucional y culturalmente la subordinación y opresión de las mujeres.

¿Y qué más que parecido, hoy, a un funesto femicidio perpetrado por el Estado y alentado por la Iglesia, que la muerte de más de 300 mujeres jóvenes y pobres, cada año, en Argentina, por las consecuencias del aborto clandestino? Un derecho democrático elemental, como es el de la interrupción voluntaria del embarazo, prohibido para las mujeres argentinas desde antes y durante la dictadura militar, pero que continúa vedado hasta nuestros días.

“Hemos decidido seguir apostando a la vida”... ¿Creen acaso que son las palabras del obispo Aguer o del cardenal Bergoglio? No, son las palabras con las que Cristina Kirchner presentó la extensión de la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas. El mismo lenguaje que la Iglesia: apostar a la vida y considerar que un embarazo es ya un hijo, dos cuestiones largamente discutidas y deconstruidas por el movimiento de mujeres y el feminismo. Pero Argentina, tiene el índice más alto de abortos del continente, que incluso aumentó a pesar del programa de salud reproductiva que brindaría acceso gratuito a la anticoncepción. Medio millón de abortos anuales, practicados en clandestinidad que llevan a la muerte, como ya dijimos, a más de 300 mujeres cada año... estimativamente, más de 2400 mujeres muertas innecesariamente bajo estos 8 años de gobierno kirchnerista, por la negativa a despenalizar y legalizar el aborto de quienes hablan en nombre de las “compañeras de género” y contaron, durante muchos años, con mayoría automática parlamentaria. Por eso, exigimos la inmediata aprobación del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto e insistimos en que el movimiento de mujeres y todas las organizaciones feministas, sociales y políticas que apoyamos este justo reclamo debemos movilizarnos hasta conseguir que la ley se apruebe sin dilaciones. A riesgo de ser estigmatizadas bajo la ridícula imputación seis-siete-ochesca de “hacerle el juego a la derecha”, no renunciamos a la exigencia de que no haya más muertas por abortos clandestinos. No renunciamos a nuestro derecho a decidir.

Tanto la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como la lucha por el derecho al aborto, consideramos que encierran esta perspectiva que va más allá del justo reclamo por el derecho a una vida libre de violencia y por el derecho democrático elemental a decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo. Porque incluyen un cuestionamiento a la asimetría de género establecida milenariamente por el sistema patriarcal, reapropiada, legitimada, justificada y reproducida hasta nuestros días por todos los modos de producción basados en la explotación de clase, donde las mujeres y lo femenino, están subordinadas a los hombres y lo masculino. La violencia actúa como un mecanismo coercitivo que, junto con otros mecanismos de consenso, naturaliza la norma social e invisibiliza la construcción histórica de la asignación de funciones propias e inmanentes de los géneros. Roles que son resultado, efecto, de esta naturalización de las relaciones de opresión y al mismo tiempo, un dispositivo para su perpetuación.

La dictadura militar no hizo más que exacerbar hasta límites inauditos esta ideología y política de género, con sus correspondientes mecanismos de control y coerción, transformados en violencia sexual sistemática contra las mujeres que transgredieran las normas establecidas. Pero esas normas que señalan, indican, establecen –y castigan con feroz violencia a quienes las desobedecen- qué es ser una mujer, siguen operando a través de la violencia sistémica contra las mujeres, donde incluimos también la prohibición impuesta por el Estado (con el aval de la Iglesia y sectores derechistas) de la interrupción voluntaria del embarazo.

Por eso, reducir la lucha de las mujeres por sus derechos a una búsqueda de equidad o igualdad legal, es lo verdaderamente utópico, en tanto sigan existiendo las relaciones sociales de producción basadas en la explotación y las relaciones sociales de reproducción basadas en la opresión de las mujeres. Lo realista, para quien decida luchar por la emancipación total y definitiva de todas las formas de opresión, es acabar con el modo de producción capitalista que, como dijera la revolucionaria Rosa Luxemburgo, es un un sistema de discriminación en la explotación y a lo que podría añadirse, de explotación sistemática de toda forma de discriminación. Esa es nuestra perspectiva. La de quienes no pedimos, sino que exigimos, no sólo nuestro derecho al pan, sino también a las rosas.