Ahora vamos por el derecho al aborto seguro y gratuito: ¡Basta de dictadura clerical!

Entrevistamos a Andrea D'Atri

¿Cuál es el balance, a una semana de la votación de la ley de matrimonio igualitario?

Después de la aprobación, se expresó un poderoso sentimiento igualitario en los comedores, los vestuarios y las líneas de producción de las fábricas, recorrió las oficinas y los pasillos de los hospitales, se expresó en las calles, en el colectivo y en el supermercado… Gays y lesbianas conquistaron un derecho civil que les estaba vedado, pero especialmente conquistaron una visibilización nunca vista antes: lo más importante es que también ganaron que la opresión se pusiera en tela de juicio, que los prejuicios se vieran profundamente cuestionados.
En miles de trabajadoras y trabajadores, sin importar su condición sexual, despertó esta aspiración de igualdad, que trasciende lo civil, para cuestionar las condiciones de vida y de trabajo. Ayer mismo vimos en todos los canales de televisión cómo los trabajadores tercerizados del Roca pedían IGUALDAD con sus compañeros ferroviarios, igual contrato, igual salario, iguales condiciones, al grito de “¡se siente, se siente, planta permanente!”
Lo que se advierte es que el debate nacional generado alrededor de este tema del matrimonio igualitario deja planteada la necesidad de ir por más. Esta dictadura clerical que pretende imponer su dogma en la legislación y en nuestras vidas es directamente responsable de que mueran más de 400 mujeres cada año por las consecuencias del aborto clandestino; ahora tenemos que pelear para conseguir el derecho al aborto libre y gratuito.

Justamente, la senadora kirchnerista Bortolozzi, que votó en contra del matrimonio igualitario, decía que “ahora se viene el aborto, se viene la separación de la iglesia del Estado”…

Sí, pero el gobierno de Cristina Kirchner se encargó, rápidamente, de mostrar que ésas no son sus intenciones: pronto salió Agustín Rossi, el jefe del bloque K de Diputados, a decir que “no está en la agenda” el tratamiento de un proyecto para legalizar el aborto. Después, mientras la presidenta transformaba la promulgación de la ley de matrimonio igualitario en un acto político en beneficio propio, el ministro de Salud –el cleriKal Juan Manzur- desmintió que existiera una resolución ministerial sobre el aborto no punible, dando marcha atrás con una noticia que había salido supuestamente “por error” en todos los medios.
Bajo el gobierno de Cristina, la anterior ministra de Salud –Graciela Ocaña- había tratado al aborto como un “asunto de política criminal”, desmantelando además el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Luego fue reemplazada por Manzur, que había sido ministro de salud de Tucumán cuando se denunciaban los altísimos índices de muertes de bebés y niños por desnutrición, el mismo que asistió –el pasado 9 de julio- al Tedeum en la Catedral de Tucumán donde el obispo Villalba arengó contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero, en Argentina, se realizan alrededor de 600 mil abortos por año; 80 mil mujeres son hospitalizadas cada año por las consecuencias de los abortos clandestinos y un 25% de las muertes maternas también son por esta causa, sólo contando los casos que quedan registrados en los hospitales. Mientras en la clandestinidad, hay un sector que lucra con los abortos caros y seguros realizados en clínicas truchas, donde pueden atenderse unas pocas, la mayoría de las mujeres –trabajadoras, desocupadas, jóvenes y adolescentes de los barrios populares- corre el riesgo de morir por hemorragias, perforaciones uterinas o infecciones generalizadas.
Entonces, ante esta realidad, no hay lugar para dogmas o cuestiones de fe. Aunque la Iglesia no quiera y el gobierno mire para otro lado, se practican miles de abortos por año. Entonces, quienes luchamos por su despenalización y la legalización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que estamos diciendo es que las miles de mujeres que se encuentran ante esta situación, tengan las mismas condiciones de salubridad, atención médica y gratuidad para que no haya ni una muerta más por las consecuencias del aborto clandestino. Estar en contra del derecho al aborto no es estar a favor de la vida, sino a favor de que el aborto siga siendo clandestino, con las consecuencias mortales que eso tiene para las mujeres más pobres.

¿Existe algún proyecto de ley sobre aborto?

Sí, hay varios proyectos. El que fue consensuado transversalmente por una minoría de diputados y diputadas, es el que fue presentado por la Campaña por el Derecho al Aborto para ser tratado durante este año. Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de ser aprobado en un Congreso que sólo por 6 votos aprobó el matrimonio igualitario? ¿Qué hará la Iglesia que, ante esto último, se movilizó al grito de “guerra santa contra el mal” cuando se trataba de avanzar en la igualdad de derechos civiles para gays y lesbianas? ¿Y qué harán el gobierno y sus legisladores que votaron mayoritariamente en contra de aquella ley, cuando se trate esta otra que no cuenta con el apoyo de Cristina? No podemos jugarnos nuestras vidas, nuestra salud y nuestro derecho a decidir en el lobby parlamentario. Tenemos que poner en pie una gran campaña por el derecho al aborto, pero verdaderamente de lucha, que convoque a las miles de personas que apoyan este derecho de las mujeres a movilizarse para imponer, activamente, que esta ley sea aprobada. Todas las encuestas indican que la mayoría de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto ¿cuántos más serán hoy, después de haber conquistado un derecho democrático elemental y haberle propinado una derrota a los sectores fundamentalistas, a los retrógrados y a la reaccionaria jerarquía de la Iglesia? Por eso llamamos a poner en pie esta campaña, para que cientos de trabajadoras y trabajadores, delegados, comisiones internas, centros de estudiantes y organizaciones sociales y políticas se pronuncien por este derecho elemental que permitiría acabar con tantas mujeres muertas por abortos clandestinos. Porque es necesario que esa fuerza se exprese activamente contra el oscurantismo clerical que, junto a la mayoría de los legisladores oficialistas y de la oposición derechista, pretende que las mujeres sigan siendo sometidas a esta situación de desigualdad y opresión, mucho más cruenta para las mujeres trabajadoras y del pueblo pobre.
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EsKándalo

El martes 20 de julio, todos los medios informaron que había una resolución ministerial del Ministerio de Salud de la Nación que reglamentaba el aborto no punible. Según esta información, se obligaba a todos los hospitales públicos a practicar los abortos no punibles sin previa autorización judicial ni dictamen de comisiones de bioética. El aborto no está penalizado en caso de que el embarazo fuera resultado de una violación, cuando corriera riesgo la vida o la salud de la gestante o cuando se tratara de una mujer con discapacidad mental.
Sin embargo, al día siguiente, el ministro de Salud, Juan Manzur negó que él hubiera firmado tal resolución. Enseguida el gobierno salió a pedir “disculpas” por el malentendido que produjo malestar en amplios sectores oficialistas, ya que la mayoría de los diputados, funcionarios y gobernadores K no ven con buenos ojos la aprobación del derecho al aborto y ponen en discusión la interpretación del artículo 86 del código penal que despenaliza el aborto en estos casos anteriormente mencionados.
Todo ocurría mientras Cristina se embanderaba en la igualdad conquistada con el matrimonio gay, convertido en ley y promulgada en el mismo día con un acto político en Casa Rosada, acompañada por las organizaciones GLTTB y otras personalidades.