El caso del obispo de Santiago del Estero, que fue filmado manteniendo relaciones sexuales con un joven, fue abordado desde dos ópticas enfrentadas.
En primer lugar, aparecieron las voces de la derecha escandalizada por la sexualidad del obispo. Contra esos moralistas, nosotros decimos que nada hay de reprochable siempre y cuando las relaciones sexuales sean libremente consentidas entre personas adultas. Pero lo cínico es que se tratara de un obispo que vive de predicar contra el pecado, contra la libertad sexual y que acepta la condena vaticana a las personas homosexuales.
Pero por otro lado, salieron las voces defensoras del obispo, que sólo señalaron que se trata de una maniobra de las mafias políticas y policiales de Santiago del Estero, en contra de un “buen pastor”. Desde Aníbal Fernández hasta Hebe de Bonafini declamaron su solidaridad con Maccarone.
Y entre las defensas más hipócritas apareció la de Iglesia que consideró que la homosexualidad es “una desviación” que “no responde al plan de Dios”, aunque después calificó la conducta de Maccarone como “una debilidad”.
Por lo visto, “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” es algo común en una Iglesia que predica la vida y bendice a los asesinos de la dictadura militar, predica la pobreza y la humildad y es una de las instituciones más ricas del planeta, predica la moral mientras hay miles de curas en el mundo acusados de violaciones y abusos sexuales infantiles...
Un estado y un régimen obscenos
El joven remisero que filmó el video afirma que le pagaron $40.000, involucrando a un periodista del canal santiagueño y a un empresario ligado al Banco de Santiago del Estero.
De este empresario, también se conoce su participación en el casino provincial, en la firma que explota la tarjeta de débito con la que los empleados públicos cobran los sueldos; en la empresa de electricidad, en la aseguradora de los empleados públicos y en un canal de televisión abierta. Sospechosamente, el joven parece tener una deuda con el banco que asciende a $18.000 por haber librado cheques sin fondo.
Y no sólo eso. El tribunal de Santiago del Estero inició un sumario contra un funcionario de sus filas, imputado en la presunta venta del video. Y se sospecha que el menemista Esteban Caselli, con estrechos vínculos con el Vaticano, colaboró para que el video llegara a manos de Benedicto XVI rápidamente.
Por su parte, el primer juez que debía entender en el caso Maccarone pidió retirarse denunciando violencia moral. El abogado patrocinante del joven había sido un policía de la división Inteligencia del Narcotráfico de la Policía Federal. Recomendado por un comisario consiguió trabajo como prosecretario en el juzgado federal de Galeano, que investigaba el atentado contra la AMIA.
Del otro lado, Maccarone era “el obispo kirchnerista” por excelencia. A él recurrió el presidente el pasado 25 de mayo para la ceremonia del Tedeum que se negó a realizar en la Catedral Metropolitana con monseñor Bergoglio. La velocidad con que los medios oficialistas y todo el arco que se define como “progresista” salió a defender al obispo y a minimizar su acto de hipocresía, también dan muestras de la relación profunda que todos los gobiernos mantienen con la jerarquía eclesiástica.
¡Basta de mantener a esta manga de parásitos!
Estado e Iglesia: mafias, corrupción, tramas secretas... Mientras tanto, los trabajadores y el pueblo de cualquier religión, e incluso quienes no creemos en dios, pagamos el salario de $ 5000 mensuales que reciben los obispos, subvencionamos sus escuelas privadas, los viajes a Roma y los seminarios.
Ellos, a cambio, se encargan de condenarnos con el infierno si somos gays o lesbianas, de prohibirnos elegir libremente la maternidad, de censurar el arte que los cuestiona...
La Iglesia administra cifras millonarias; impide que se promulgue una ley de educación sexual y es enemiga a rajatabla del derecho al aborto.
Siempre estuvieron del lado de los poderosos. Por eso, las trabajadoras y trabajadores y el pueblo pobre, más allá de nuestras creencias y sentimientos religiosos, debemos exigir la separación definitiva de la Iglesia del Estado.
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