15/03/12

Liliana, hasta el socialismo, siempre!

Liliana era la contadora, la que hacía el trabajo pesado, pesado, pesadísimo de lidiar con las leyes y las reglamentaciones que el Estado burgués imponía a nuestro partido. Pesadísimo trabajo cuando el contador no cuenta las ganancias de una empresa, arrancadas bajo el látigo de la explotación a los trabajadores, sino cuando tiene que hacer maravillosas volteretas para que las ideas y la política se puedan transformar en fuerzas materiales con las modestas sumas que aportan los propios trabajadores de sus propios salarios a la organización que construyen día a día. Porque los partidos revolucionarios no tienen sponsors, ni benefactores. Pero igual tienen que pagarle a la imprenta y la luz y el gas y pagar internet y comprar computadoras y viajes en micro a alguna provincia y viajes en micro de las provincias a la capital y así... Eso lo hacía Liliana. Yo no la conocí con la pinta de la foto, que parece de los años 70. Ella conoció a nuestro partido cuando, como muchos vecinos y vecinas de los barrios porteños, se reunió en asambleas que surgieron como hongos después de diciembre de 2001. Pero a ella le interesaron las obreras de Brukman, que habían tomado su fábrica. Y ahí nos conoció y abrazó las ideas del trotskismo. Lo que siempre me impactó de Liliana, como de otros, es que decidió dedicar su vida a la militancia revolucionaria siendo ya una mujer grande, con la vida hecha. Eso me gusta. Son esas personas cuya vida te sirve para ejemplificarle a los otros, a los que dicen "sos zurdo, porque sos joven, ya se te va a pasar". Hay gente que abraza las ideas de la revolución cuando ya está maduro, se ve que entonces lo pensó muy bien y no fue por puro idealismo tonto o rebeldía romántica.
Y fueron diez años. Diez años que militó como loca, pobre. Porque era contadora, de eso sabía muchísimo y todo lo que sabía lo puso a disposición de la organización del partido, pero también para todos los trabajadores que la consultaron (como yo que no entendía nada de papelería de jubilación e impuestos y qué ocho cuartos), incluso para solucionar problemas no sólo de su partido, sino del Frente de Izquierda. Y nunca jamás pero jamás de los jamases me saludó como al pasar o malhumoradam, ni a mí ni a nadie. Porque además era buena gente. ¡Hasta el socialismo, siempre, compañera Liliana!

El aborto no punible ya no admite discusión

La Corte Suprema de la Nación falló sobre el pedido de autorización de un aborto no punible para una niña violada por su padrastro -un policía de Chubut que aún permanece libre y ni siquiera fue exonerado de su cargo- en 2009. Claro que el aborto ya fue practicado hace casi tres años, cuando la niña dijo a los jueces que si no la autorizaban, se quitaría la vida. Pero el caso llegó hasta la Corte Suprema, que decidió fallar para que este criterio pueda ser tenido en cuenta en la solución de casos similares que se presenten en el futuro.

Con este fallo, el tribunal pretende terminar con las interpretaciones a piacere del Código Penal que rige desde 1921, que hacía cada abogado y cada médico, impidiendo el acceso al aborto que, como está señalado en la ley, no es punible en estos casos. ¡Tuvo que pasar casi un siglo para que pongamos fin a tantas atrocidades cometidas contra la vida de mujeres y niñas abusadas, obligadas violentamente a una maternidad no deseada o empujadas a abortar clandestinamente poniendo en riesgo su salud y su vida! Un fallo oportuno que aparece cuando se está por cumplir el plazo que fijara el Comité de Derechos Humanos de la ONU para tomar medidas tendientes a eliminar los obstáculos que impedían el acceso al aborto no punible estipulado por ley. Al actuar de este modo, la Corte Suprema también le permite al gobierno distender la contradicción que existe entre las expectativas de vastos sectores en conseguir derechos democráticos, como el derecho al aborto y, por otro lado, su persistente negativa a avanzar en serio con la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso.

Evidentemente, los casos contemplados bajo esta normativa son apenas un ínfimo porcentaje del medio millón de abortos que se practica cada año en Argentina, mayoritariamente realizados en condiciones deplorables, con graves consecuencias para la salud y riesgo de vida para las mujeres más pobres, aquellas que no pueden acceder a las clínicas privadas donde la “clandestinidad VIP” es un negocio de cuantiosas ganancias para médicos, funcionarios y policías.

Pero es una conquista, sin duda, de la pelea de miles de mujeres que por décadas venimos luchando por el derecho al aborto. De ninguna manera podemos aceptar que el gobierno pretenda utilizar este fallo de la Corte Suprema como el “techo” de nuestras aspiraciones, repitiendo que no tratarán la cuestión de fondo otro año más en el Congreso. Por el contrario, debemos redoblar esfuerzos para conseguir la legalización sin excepciones del aborto libre, seguro y gratuito. Porque tenemos derecho a decidir y porque no queremos ni una mujer muerta más por abortos clandestinos.

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Quién quiera oir que oiga

Apenas conocido el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible en casos de violación, el ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que la despenalización del aborto “no está en la agenda del Ejecutivo”, lo que podría ser la traducción de aquella promesa hecha por Cristina Kirchner en el Vaticano, antes de asumir su primer mandato, cuando le dijo al Papa que, bajo su gobierno, no se avanzaría en la legalización del aborto en Argentina.

Que el tema del aborto “no esté en la agenda del Ejecutivo”, sólo demuestra el desprecio flagrante por la vida de más de 300 “compañeras de género” -como le gusta decir a la presidenta-, que mueren cada año por las consecuencias del aborto clandestino. Como ya denunciamos el pasado 8 de marzo, esas vidas no están en su agenda... Son nuestras vidas, las de las mujeres trabajadoras que dejamos la vida en la fábrica, las mujeres pobres del conurbano que viajamos hacinadas en los trenes destruidos, las jóvenes que sólo podemos soñar con un contrato precario en un call-center que consume nuestra salud...

Mientras tanto, el kirchnerismo -incluyendo los sectores que están a favor de la legalización del aborto- se mantiene disciplinado a las órdenes que emanan de la Casa Rosada. Ya vimos a los diputados K en noviembre pasado, cuando no asistieron al debate de proyectos de ley que se trataban en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Decían lo mismo: que la legalización del aborto “no está en la agenda de la presidenta”.

Este año, nuevamente la misma historia. “No está en la agenda”, “no está en la agenda”... Ya sabemos que 51 muertos no han sido razón suficiente para quitar la concesión de TBA a los inescrupulosos empresarios favorecidos por los subsidios estatales. Son casi 3 mil las mujeres que murieron por abortos clandestinos bajo los gobiernos kirchneristas. Ninguna de ellas es su hija, su hermana, su cuñada ni su amiga. Somos nosotras, las que no estamos en la agenda presidencial. ¿Hasta cuándo?

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A llorar a la Iglesia

Como no podía ser de otra manera, para la Iglesia, que cubre con un manto de impunidad a los sacerdotes abusadores de menores, las violaciones son un “caso lamentable y triste” que, sin embargo, no justifica esta decisión del tribunal, según dijo el obispo José María Arancedo, que preside la Conferencia Episcopal.

En el resto de la población, sin embargo, la aprobación ha sido unánime. Con el fallo de la Corte Suprema, ya no hay más excusas para que las organizaciones de la Iglesia y la derecha interpongan recursos judiciales y otros arbitrios para la práctica de los abortos solicitados por una mujer que ha sido víctima de violación, ante un médico, sin que medie otra persona.

¡Fuera la Iglesia de nuestras vidas! Por la separación de la Iglesia y el Estado.

20/01/12

El oscurantismo eclesiástico y la hipocresía K se cobran una nueva víctima

A una niña entrerriana de 11 años que fue abusada, la justicia y el gobierno le negaron el acceso a un aborto no punible. El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, declaró que la niña podía “seguir el embarazo como muchísimas adolescentes”, lo que provocó una ola de indignación que recorrió los medios y las redes sociales. El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, tomó cartas en el asunto, ¡pero fue para ordenar que ningún funcionario nacional emitiera declaraciones sobre el caso! Mientras tanto, la Iglesia y otros sectores presionaron e intimidaron a la madre de la niña, quien terminó retirando su pedido a la justicia para que se garantice el derecho de su hija a un aborto no punible. El deseo de la niña de “volver a ser como antes” –como declaró ante la justicia-, no encontró eco. Nuevamente, una niña de 11 años, violada, será obligada a la maternidad compulsiva, si es que sobrevive al embarazo y el parto.
Todas las organizaciones de mujeres que defienden el derecho al aborto –incluyendo sectores kirchneristas-, organizaciones de los derechos de la infancia, integrantes de la Corte Suprema, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la CTA, profesionales de la salud y otros expertos se han pronunciado a favor de que el gobierno kirchnerista de Sergio Urribarri exija la aplicación del artículo 86 del Código Penal que indica que un aborto no es punible –por tanto, no es asunto judicial- si corre riesgo la vida o la salud de la gestante. También señalaron que, de no hacerlo, se estarían violando las leyes 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las violencias Contra las Mujeres. Pero nada de esto fue suficiente para torcer el brazo de una decisión oscurantista, reaccionaria y violatoria de los derechos humanos más elementales.
Lo que nadie quiere nombrar es que si los propios médicos intervinientes, el ministro de Salud entrerriano, el gobernador provincial, el ministro de Salud de la Nación y la justicia no actuaron como lo establecen las leyes y el sentido común es porque el gobierno nacional ha expresado claramente su tajante negativa a la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Incluso, fue decisión de Cristina Kirchner que no se diera rango de resolución a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, creada por el propio ministerio de Salud, causando un escándalo cuando Manzur terminó acatando la orden presidencial. ¿Y cuál fue la actuación del kirchnerismo en la comisión parlamentaria donde, el año pasado, se inició el debate por el derecho al aborto? Hasta los legisladores y legisladoras K que apoyan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, hicieron mutis por el foro, obedeciendo las órdenes provenientes de Casa Rosada. “Es verdad también que este no es un debate que esté en la agenda del Poder Ejecutivo nacional. Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es éste el caso.”, señaló la diputada kirchnerista Diana Conti, en esa ocasión.
Ya no se puede ocultar lo inocultable. Cuando se inicia el tercer mandato kirchnerista ya no se puede hablar de "asignatura pendiente": este gobierno está en contra de avanzar en un derecho democrático tan elemental como es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a no morir por las consecuencias de los abortos clandestinos. Sólo con la manifestación activa y contundente de un gran movimiento nacional de lucha, con todas las organizaciones, activistas y personalidades que apoyan este derecho, podremos arrancarle al Congreso la despenalización y legalización del aborto.

15/12/11

"Donde más te duele"

Hace pocas semanas, se comprobó que Tomás –un niño de apenas 9 años- había sido asesinado y esto desató una gran conmoción, abriendo un debate sobre la violencia contra niñas y niños. En este mismo año, dos hermanos de 8 y 11 años, mientras dormían, fueron baleados por su padre –quien terminó suicidándose-, después de una discusión que éste mantuviera con la madre de los chicos. En otro caso, la pareja de la mujer degolló a los tres hijos de ella, en Corrientes. Todos estos hechos se sucedieron intercalándose con las noticias de brutales asesinatos de mujeres, como el más reciente de Carla Figueroa, en Gral. Pico, La Pampa. Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica que tiene la Corte Suprema de Justicia, señala que 3 de cada 10 denuncias por violencia involucra a menores de edad. Las especialistas empiezan a hablar de “femicidio vinculado” para estos casos donde los hijos son víctimas fatales de una violencia destinada a la mujer. “Te voy a pegar donde más te duele”, dijo Adalberto Cuello –quien está sindicado como autor del crimen de Tomás- a su ex pareja, poco antes de que el niño fuera encontrado muerto. Estos crímenes escandalizan a la sociedad que percibe la inocencia absoluta de sus víctimas. Pero los crímenes no son perpetrados por monstruos inmorales, enfermos mentales ni seres irracionales. Son el último eslabón de una larga cadena de violencias que, aunque naturalizada e invisibilizada, es el fundamento de los crímenes atroces contra mujeres, niñas y niños.


Imponer y reproducir un orden social autoritario y jerárquico


Los crímenes violentos contra mujeres, niñas y niños pueden sorprendernos, escandalizarnos y horrorizarnos; pero sólo pueden explicarse, no como una anomalía en los lazos amorosos y de protección que debieran vincular a adultos y niños sino como la consecuencia última de una larga cadena de violencias que incluye la ridiculización, la sospecha y el control, la intimidación, la condena de la sexualidad y de los comportamientos que no se ajustan a las “normas heterosexuales”, la desvalorización de los cuerpos que no se corresponden a los “modelos de belleza”, de las capacidades intelectuales y las destrezas físicas, la desvalorización cotidiana de la mujer y de los menores como personas, etc.
A través de la reprobación, la humillación, el castigo e incluso la violencia más extrema, la familia –y otras instituciones- enseña, cotidianamente y desde la más tierna infancia, lo que el adulto deberá reproducir en sus relaciones sociales a lo largo de su vida: el respeto a la autoridad, la sumisión ante quien detenta el poder, el amoldamiento a los que los demás esperan de uno, la represión de deseos y placeres que desafíen a la moralina burguesa.
A través de la familia, la violencia moral o psicológica –mucho menos visible que la violencia física y, al mismo tiempo, más naturalizada y reproducida- actúa como un eficiente mecanismo de control social y de reproducción de las desigualdades. Su ejercicio contra mujeres, niñas y niños encierra un propósito disciplinador: permite reproducir y naturalizar la existencia de jerarquías estables e inamovibles en las relaciones sociales, la existencia de la autoridad y el poder. La familia es un modelo, en pequeña escala, de una sociedad donde reinan las más brutales desigualdades, las jerarquías que imponen la propiedad privada y la explotación, donde aprendemos a aceptar el statu quo. Y esto es así, en todas las sociedades donde existe la dominación de una minoría sobre una inmensa mayoría de explotados y oprimidos.


Liberación de la mujer para soñar otra infancia


Hace casi un siglo atrás, la generación que dirigió y protagonizó la revolución proletaria en la atrasada Rusia de 1917, no sólo imaginó la abolición del trabajo asalariado y la emancipación de las mujeres del yugo doméstico, sino que también se atrevió a pensar la formación de la infancia liberada del autoritarismo y la coerción impuesta por los mayores. El educador ruso T. Segalov, decía en 1925, que “la forma en que una sociedad dada protege a la niñez, refleja su nivel económico y cultural.” Y así lo habían entendido los bolcheviques que, una vez conquistado el poder del Estado, prepararon una inmensa revolución pedagógica sin antecedentes: establecieron la escolaridad mixta y la gratuidad de la educación universitaria; movilizaron a todos los que supieran leer y escribir en un gigantesco plan de alfabetización; idearon una educación politécnica y colectiva; abolieron los exámenes y establecieron que las escuelas fueran regidas por un consejo integrado por los propios trabajadores docentes, representantes de las organizaciones obreras locales y los estudiantes mayores de 12 años.
Entre 1914 y 1921 en Rusia, por la Iº Guerra Mundial, la guerra civil, el hambre y las enfermedades, murieron 16 millones de personas. El estado obrero nacido de la revolución de 1917 tuvo que afrontar un fenómeno social nuevo y de proporciones devastadoras: cientos de miles de niños y niñas habían quedado huérfanos y vagaban por las calles de las ciudades pidiendo limosna, prostituyéndose o robando para sobrevivir. Y sin embargo, a pesar de las dificultades, los revolucionarios se negaban a criminalizar a la niñez. “No deben existir niños desgraciados que no le pertenezcan a nadie. Todos los niños son hijos del Estado. (...). Los niños no pueden ser criminales; no pueden ser juzgados como adultos. Los niños no deben ser encarcelados, deben ser rehabilitados, no castigados”, sugería una pedagoga que, en el Congreso para la Protección de la Niñez de 1919, proponía la creación de instituciones para los niños necesitados, regidas por la autogestión y con un régimen de “puertas abiertas” que permitiera a los niños integrarse a la comunidad voluntariamente. A pesar de la miseria y el hambre en la que se hallaba sumida la Rusia revolucionaria, el poder obrero no dudó en establecer nuevas leyes que ponían el énfasis en la libertad, la independencia y la igualdad entre hombres y mujeres, y que, además, eliminaban el enorme poder de los adultos sobre los niños, para cambiarlo por la adquisición progresiva de derechos para la infancia.
Cien años después, bajo el dominio de los capitalistas y a pesar de las leyes que reconocen derechos antes inexistentes, la vida de millones de mujeres, homosexuales, niñas y niños sigue sometida al abuso, la discriminación, la explotación y la violencia mortífera –mucho más cruel cuando es ejercida por los vínculos afectivos más caros para las víctimas, como los padres o la pareja- que se descarga sobre los más vulnerables, legitimando y reproduciendo el orden existente.
Por eso, sostenemos que no podrá acabarse la violencia contra las mujeres y los niños y niñas en tanto persista este sistema basado en la miseria, la inequidad y las condiciones aberrantes de existencia impuestas a millones de seres humanos por los intereses de una minoría parasitaria y sedienta de ganancias. La salida a tanta violencia, por eso, no es individual. Tenemos que exigir hogares transitorios para las mujeres y sus hijos e hijas, víctimas de violencia, que sean garantizados por el Estado y bajo control de las propias víctimas, las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial ni judicial. En nuestros lugares de trabajo y en los sindicatos, tenemos que poner en pie comisiones de mujeres, independientes de las patronales, que se ocupen de los casos de acoso sexual o laboral y discriminación hacia las trabajadoras, exigiendo licencias pagas para las trabajadoras que atraviesan una situación de violencia.
Pero al mismo tiempo que nos organizamos para exigir estas soluciones transitorias, tenemos que convocar a todas y todos los trabajadores concientes de sus cadenas, que quieran luchar por una sociedad sin explotación, a tomar esta tarea también en sus manos. Porque mientras la clase dominante logre mantenernos divididos, oponiéndonos a unos y otras, e instilando su venenosa ideología de que hay explotados de primera clase y explotados “de segunda”, como las mujeres, los niños, los inmigrantes, los homosexuales, más fácilmente se perpetúa su dominio y nuestra esclavitud.
Nuestra lucha, presente y futura, debe incluir también la disputa contra los valores y costumbres impuestos por la clase dominante y su cultura de violencia. Una violencia que podrá ser totalmente desterrada cuando rompamos las cadenas que ciñen a la humanidad, bajo este régimen capitalista.

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La violencia de la explotación infantil


El dominio capitalista sostiene una brutal hipocresía respecto de la infancia. Nunca antes en la historia, los niños y las niñas gozaron de tantos derechos avalados por convenciones internacionales y una protección jurídica tan inconmensurable, como la desarrollada en el último siglo. El mercado desarrolló, a su vez, infinidad de productos para el consumo infantil y existen espacios propios para la recreación y la educación de los menores.
Sin embargo, esto convive con una realidad que está muy lejos de Disneylandia: además de las diversas formas de violencia que se descargan sobre la infancia, cerca de 218 millones de niños de entre 5 y 14 años de edad están obligados a trabajar en todo el mundo. Lo que significa que los capitalistas explotan la fuerza de trabajo de 1 de cada 6 niños del planeta, mayoritariamente en la agricultura, donde trabajan a la par de sus madres y padres en las peores condiciones; pero también en las grandes maquilas textiles, en la confección de calzado deportivo y en otros centros industriales de países pobres que proveen a las marcas más prestigiosas del mercado.
Y esto sólo si contabilizamos a quienes son explotados laboralmente, sin contar la utilización de niños en conflictos armados, para la servidumbre, la esclavitud, la explotación sexual de niñas y niños, los que son explotados para ejercer la mendicidad en la calle o los que son usados en el tráfico de drogas o armas.
Claro que estos niños que son explotados no están distribuidos por todo el planeta de manera igualitaria. Actualmente, hay aproximadamente 2.200 millones de menores de 18 años en todo el mundo: el 10% habita en los países más desarrollados y el 90% en los países semicoloniales, atrasados y pobres.

08/12/11

Un paso importante de la lucha de las personas trans

El pasado 30 de noviembre –con 167 votos a favor, 17 en contra, 7 abstenciones y 65 ausencias-, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto 8126 de Ley de Identidad de Género. El año próximo, la misma debe ser tratada en el Senado, para su aprobación definitiva.

Algo más que un DNI

El proyecto reconoce el derecho a que todas las personas sean tratadas de acuerdo a su identidad de género. Esto significa que las personas trans podrán registrarse con nombre de pila, imagen y sexo que concuerden con su identidad de género, en todos los documentos que acreditan su identidad, incluyendo la partida de nacimiento. Para hacer este registro, deberán ser mayores de 18 años y no necesitarán acreditar intervención quirúrgica genital ni terapias hormonales u otros tratamientos psicológicos o médicos; aunque la ley, también incluye el acceso a estas intervenciones y tratamientos en el sistema de salud (estatal y privado), sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa previa, con el sólo consentimiento de quien lo solicita.
Este proyecto, surgido del intercambio, la reflexión y el trabajo de militantes del colectivo Frente Nacional por la Ley de Identidad –y luego consensuado con otros proyectos similares-, tiene el mérito de enfrentar la patologización, la criminalización, la judicialización y la estigmatización de las identidades trans. Como señalaba Diana Sacayán –una de las mentoras de este proyecto-, en el diario Página/12:“Una ley de identidad de género no me va a cambiar la vida. Pero sí va a ser una bisagra para reclamar otros derechos de los cuales nosotrxs no gozamos.” Por eso, una de las preocupaciones fundamentales era que el mismo proyecto que plantea el registro identitario, incluyera también la atención en salud. Algo fundamental para una población cuyo promedio de vida no supera los 30 años, siendo las principales causas de muerte los asesinatos y las consecuencias de las cirugías y tratamientos clandestinos, como la aplicación de siliconas para uso industrial.
Expulsadas de sus familias, desde muy pequeñas; expulsadas de las instituciones educativas por la violencia de la que son víctimas; sometidas, en la calle, a la represión policial diariamente; incluso, a veces, expulsadas literalmente de sus pueblos y ciudades de origen para enviarlas “lo más lejos posible” como si se tratara de “manzanas podridas”; sin haber tenido derecho a la educación, ni al trabajo, sin atreverse a entrar a un hospital para hacer una consulta médica que las exponga al escarnio y la discriminación... éstos son algunos de los relatos de vida que se repiten en boca de las personas trans. Que tengan una expectativa de vida tan corta, sólo puede explicarse por esta discriminación, esta marginación y las humillaciones a que son sometidas, condenadas a prostituirse para sobrevivir –y expuestas a la violencia de ocasionales clientes, pero especialmente de las fuerzas represivas-, cuando los índices de desocupación de la comunidad trans llegan casi al 100%.

La hipocresía mata

Mientras se daba la media sanción a la ley, la ministra de Seguridad anunciaba el derecho del personal de las fuerzas de seguridad a vestir el uniforme según su identidad de género. ¡Cuánta hipocresía en el mismo seno de las instituciones que son las que reprimen, persiguen, extorsionan, encarcelan, violan y matan impunemente a las personas trans! Ahora, ellas y ellos podrán ingresar a la policía vistiendo el uniforme acorde a su identidad... ¿y qué harán, en las calles, cuando sus “compañeros” de armas, saquen a relucir la transfobia, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y el racismo que asesina a personas trans, en situación de prostitución, a inmigrantes?
Por más “cursos de derechos humanos” que la ministra pretenda implementar en las fuerzas creadas para la defensa de la propiedad privada y la represión, ya sabemos cómo terminan las personas LGTB que pretenden “salir del clóset” entre sus filas. Fue este mismo año (¡no hace décadas!), cuando el prefecto Octavio Romero sufrió golpes en la cabeza y murió ahogado pocos días después de anunciar que se casaría con su pareja, un taxista.
El Estado adopta una hipócrita posición de “tolerancia”, pero el mercado dispone... Y los créditos para algunos microemprendimientos y cooperativas, la capacitación gratuita en oficios, la inclusión laboral de unas pocas personas trans en dependencias estatales, el escaso ofrecimiento laboral de algunas empresas privadas incentivadas por el INADI, no alcanzan para solucionar el problema de la desocupación y que, aproximadamente el 90% de las personas trans recurra a la prostitución para garantizar su sobrevivencia.
Ni la ley de matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género por sí mismas podrán acabar de raíz con la homofobia y la transfobia que se cobra la vida, plagada de injurias, de las personas trans.
Sabemos que la lucha por arrancarle derechos al Estado es ineludible y allí decimos “¡Presente!”, pero sabiendo que la integración que propone el Estado a quienes, hasta hace pocos días, mantenía sometidos a la más humillante marginación, no cambia de raíz la vida real de miles de personas trans. Diana también decía “Nuestro deseo ideológico y profundo no se va a concretar con esta ley: nuestro deseo es ser libres.” Mientras el Estado nos presenta el camino de la integración “tolerante” como el único posible, sabemos que para que el deseo de Diana sea realidad, debemos luchar por liberar la sexualidad de las ataduras de un sistema que reprime y margina e integra, mercantilizando y normativizando nuestros deseos. La lucha por acabar con las normas que imponen que nos amoldemos a lo que los demás esperan de nosotros, por acabar con la represión de deseos y placeres que desafían a la moralina burguesa, es una lucha que nos concierne a todas y todos los que anhelamos la liberación de la humanidad de las cadenas que hoy nos oprimen, manteniendo el yugo de la explotación.
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* En mayo de este año, cuando el Frente Nacional por la Ley de Identidad presentó el proyecto en conferencia de prensa, nuestros compañeros Christian Castillo, candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda y Andrea D’Atri, candidata a diputada apoyaron esta iniciativa señalando que “El Partido de los Trabajadores Socialistas ha compartido esta lucha, desde hace muchos años, con numerosas organizaciones del movimiento LGTB. Desde nuestra perspectiva que lucha por una sociedad totalmente liberada de las cadenas de la explotación y de todas las formas de opresión, hemos compartido la pelea contra los códigos contravencionales, por el cese a la persecución policial y judicial a las personas trans y, el año pasado, hemos impulsado la movilización por la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Hoy, acompañamos y hacemos nuestra también la exigencia de la aprobación inmediata de la Ley de Identidad de Género que uds promueven. ¡LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO YA!”
Con muchas de las compañeras y compañeros que estaban presentes en esa conferencia de prensa, habíamos estado enfrentando la represión policial, codo a codo, en innumerables ocasiones. También apoyamos la participación de las compañeras trans en los Encuentros Nacionales de Mujeres, cuando algunos sectores les negaban este derecho. Nuestros locales estuvieron a disposición de las compañeras y compañeros del movimiento LGTB cuando necesitaron contar con espacio para sus reuniones. Y escrachamos juntos a la Iglesia oscurantista en numerosas ocasiones.
Cuando se presentó el proyecto de ley, en mayo de este año, dijimos que poníamos “esta tribuna electoral a disposición de la difusión de dicho proyecto, como siempre lo hemos hecho con las justas demandas democráticas como el matrimonio igualitario o el derecho al aborto libre y gratuito.” Y así lo hicimos, junto con la destacada campaña de nuestro compañero Julio Rovelli, militante LGTB, el único candidato cuyos afiches decían abiertamente: “¡Basta de discriminación! Derecho a la identidad de género YA. Separación de la Iglesia del Estado.” Lo mismo, señalamos en cada oportunidad que se nos presentó de divulgar nuestras ideas, nuestras propuestas y programa. Como todos los años, esta vez junto a más de 300 compañeras y compañeros de la Juventud del PTS, participamos en la marcha del Orgullo, donde también hicimos nuestra la consigna “Sin demora, identidad ¡AHORA!”

10/11/11

Conquistar nuestros derechos con la lucha

“Dada la decisión de las Comisiones de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y de Acción Social y Salud Pública de no convocar al plenario de comisiones estipulado para el día jueves 10 de noviembre de 2011, a las 11 hs, para tratar los 7 proyectos con estado parlamentario sobre la temática del aborto, la presidencia de la Comisión de Legislación Penal decide suspender la reunión prevista para el día de mañana.”
Con este comunicado, el diputado Vega (CC) reafirmó anoche lo que ya era previsible: el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto pierde estado parlamentario, es decir, deberá presentarse por tercera vez el año próximo, cuando aproximadamente la mitad de los diputados y diputadas que lo firmaron este año ya hayan dejado sus bancas. En 2012, el oficialismo contará con quórum propio y deberá obedecer las órdenes de Cristina Kirchner quien ya dejó claro, a través de varios funcionarios como el ministro de Justicia, que la legalización del aborto no está en su agenda. Lo mismo señaló la diputada kirchnerista Diana Conti en la última sesión de la Comisión de Legislación Penal: “Es verdad también que este no es un debate que esté en la agenda del Poder Ejecutivo nacional. Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es éste el caso.”
Como lo dijimos siempre y volvemos a repetir, no podremos conquistar nuestro derecho al aborto si no es confiando en nuestras propias fuerzas, organizando un gran movimiento independiente del Estado y sus instituciones, que exprese en las calles nuestra voluntad de lucha. Pan y Rosas y la Juventud del PTS te convocan a transformar el 25 de noviembre –día de lucha contra la violencia hacia las mujeres- en una gran Marcha Nacional por el derecho al aborto.
Por nuestro derecho a decidir. Porque no queremos ni una mujer muerta más por abortos clandestinos. ¡Los derechos no se mendigan, se conquistan!