1/4/04

Con militares, peronistas o radicales, seguimos muriendo en abortos clandestinos

Entre 1973 y 1976 el peronismo retornó al poder. A partir de la muerte de Perón, en 1974, su esposa María Estela Martínez (Isabel) asumió la presidencia de la Nación sin que este hecho que para muchas mujeres era relevante –fue la primera mujer en asumir este cargo en el continente - tuviera alguna consecuencia favorable en relación a los derechos de las mujeres. La dictadura militar, el gobierno radical de Alfonsín, la década menemista, el recambio de la Alianza y los nuevos aires kirchneristas, nada han cambiado sustancialmente en relación al derecho al aborto, desde entonces.

Una mujer peronista prohíbe los anticonceptivos

En el período peronista anterior a la dictadura se alentaron diversas políticas poblacionistas. En 1974, por iniciativa del ministro de Bienestar Social José López Rega –el mismo que alentó los asesinatos de bandas parapoliciales como la Triple A- se promulgó un decreto que prohibía todas las actividades destinadas a la anticoncepción. Se cerraron las dependencias que atendían este tema en los hospitales públicos, se obligó a hacer recetas por triplicado y a ser archivadas para el expendio de los anticonceptivos. Desde el mismo Estado se realizaron campañas de “educación sanitaria” que destacaban los riesgos de las prácticas anticonceptivas.
Durante este período, el mismo Poder Ejecutivo vetó la ley de ejercicio indistinto de la patria potestad que había sido aprobada por el Congreso. A pesar de que las Naciones Unidas declararan que 1975 era el Año Internacional de las Mujeres, en nuestro país, los derechos democráticos más elementales se limitaban cada vez más.

Dictadura: niños, cocina e Iglesia para las mujeres

Con el golpe militar de 1976, se ratificaron las prohibiciones y decretos del gobierno peronista sobre los derechos sexuales y reproductivos. Junto con estas prohibiciones, la dictadura militar realizó una propaganda a gran escala acerca de que los peligros de la “subversión” se originaban en el descuido y destrucción de la familia, “célula básica de la sociedad” y garante del orden social. Como en el régimen nazi, las tres K de “niños, cocina e Iglesia” (en alemán, se dice “kinder, küche, kirche”) eran los asuntos por excelencia de los que debían ocuparse las mujeres.
En 1977, en pleno terrorismo de Estado, el decreto 3938 afirma la necesidad de “eliminar las actividades de control de la natalidad.” Mientras tanto, se sucedían los secuestros, las torturas y los asesinatos de activistas sindicales, políticos y sociales. Los militares que hablaban de la familia, eran los mismos que secuestraban embarazadas, las torturaban y robaron sus bebés que fueron apropiados, vendidos y entregados como botín de guerra.

Desencanto radical

Con la caída de la dictadura, las mujeres volvieron a organizarse y recomenzó la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, el derecho al divorcio y la patria potestad compartida, etc. La gran mayoría depositó expectativas en la llegada de la democracia y, particularmente, en el discurso radical que garantizaba que con la democracia “se come, se cura, se educa”.
El entonces presidente Alfonsín decretó “el derecho de la pareja a decidir libremente acerca del número y espaciamiento de los hijos”. El derecho de las mujeres quedaba subsumido en la pareja; además, aunque se encomendó al Ministerio de Salud que se promovieran acciones para difundir información y asesorar en materia de anticoncepción, lo cierto es que la continuidad de la política económica con el pago de la deuda externa, dificultó enormemente la implementación del acceso gratuito a los anticonceptivos en los hospitales públicos y otras dependencias. Y aunque el funesto decreto de López Rega fue derogado, el gobierno radical estableció que la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia promovería la familia como célula básica.
Haciendo gala de la doble moral que es habitual en la clase dominante, se eliminó la figura del “rufianismo” del Código Penal y sólo quedó penalizada la prostitución de menores. El entonces ministro del Interior, Tróccoli, alegó que la prostitución es “inmunda pero necesaria”. Mientras tanto, distintos grupos feministas se articulaban para formar en 1988 la Comisión por el Derecho al Aborto que, además de acciones y campañas públicas, inició la redacción de un proyecto de ley por el derecho al aborto libre y gratuito.

Menem y su cruzada contra las mujeres

El peronismo retornó al poder con Menem, en medio de la crisis de la hiperinflación. Durante la década menemista, se consolidó aún más el proceso de reformas económicas que habían comenzado en la dictadura militar.
En 1994, a través del Pacto de Olivos entre el presidente y la UCR, se planteó la reforma de la Constitución Nacional que posibilitó la reelección presidencial que favoreció a Carlos Menem. En esa reforma se impuso una cláusula que establecía el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Más de cien organizaciones de mujeres y grupos feministas conformaron entonces Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL), para enfrentar la ofensiva reaccionaria del gobierno encabezada por el chupacirios Rodolfo Barra, ministro de Justicia menemista, con la anuencia de gran parte de la oposición. La ofensiva incluyó la destitución de la titular del Consejo Nacional de la Mujer y de todas las mujeres que integraban el Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer que funcionaba en el Ministerio de Educación y que había incorporado la educación sexual a los contenidos básicos de los programas escolares, fuertemente resistido por la Iglesia.
Mientras el proyecto de ley escrito por las mujeres de la Comisión por el Derecho al Aborto no encuentra eco en ninguna bancada, la entonces “opositora” Fernández Meijide promueve una ley de procreación responsable que no incluye siquiera la despenalización del aborto. En la provincia de Córdoba, donde gobernaba el radicalismo, la ley queda limitada simplemente a recomendar los métodos naturales y la abstinencia como métodos anticonceptivos. Luego, nuevamente en el gobierno, de la mano de De la Rúa, Fernández Meijide y “los progresistas” de la Alianza se olvidaron de sus discursos para dedicarse a hundir al país en una de las mayores crisis de las que tenemos memoria. Las mujeres no sólo no obtuvimos el derecho al aborto, sino que nos vimos obligadas a hacer frente a una situación de indigencia, desocupación y miseria inusitadas.

La cuarta K

Con el gobierno de Kirchner, muchas mujeres nuevamente se ilusionaron con que sus derechos serían reconocidos. Pero el “progresista” Dr. K se apropió de las demandas de las mujeres y las utilizó en su discurso y su política de maquillaje del mismo régimen que las mujeres salimos a repudiar con cacerolas y cortes de rutas y puentes dos años atrás.
La campaña feroz de la Iglesia atacando a la jueza Argibay por su pronunciamiento a favor del derecho al aborto, le hizo un gran favor. Mientras la sociedad se debatía a favor o en contra de Argibay, se impedía pensar que lo que no queremos es una Corte Suprema que, con varones chupacirios o mujeres ateas, sigue siendo una Corte que hace cumplir las mismas leyes antiobreras de siempre; leyes que también están contra los derechos democráticos más elementales de las mujeres.
Como si no fuera suficiente, el gobierno en boca del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le ha repetido al Vaticano que “ha hecho muchas cosas para evitar el aborto” y que “jamás ha promovido su despenalización”.
Menem instituyó, a instancias del Vaticano, el Día del Niño por Nacer y en el gobierno del Dr. K, la Iglesia se ha dado el lujo de hacer una manifestación frente al Ministerio de Educación de belicosos fieles que rezaron rodeados de imágenes de embriones humanos, con las que empapelaron la ciudad del “progresista” Ibarra el último 25 de marzo.
Si para muestra basta un botón, ya tuvimos bastantes. Somos las mujeres trabajadoras, de los sectores populares, las mujeres desocupadas, estudiantes y todas las que estén por defender los derechos democráticos las que debemos organizarnos para luchar por nuestros derechos, independientemente del Estado, sus partidos patronales y la Iglesia, junto a la clase trabajadora. Esa es la perspectiva por la cual luchamos.

Publicado en La Verdad Obrera Nº 136