Como siempre, la "Justicia" no es tal para las mujeres: negativa judicial a practicar un aborto terapéutico en el caso de la joven de Bahía Blanca violada por su padrastro; proceso a Romina Tejerina, víctima de violación, que está en la cárcel mientras su agresor está libre; liberación y "apañamiento" a violadores y asesinos de mujeres, como los de Leyla y Patricia en Santiago del Estero, profundamente enraizados en las mafias de políticos patronales, policías y "niños ricos". Una "Justicia" que, como sale a la luz en las violaciones y asesinatos de "Marela" y Mónica -las niñas de Avellaneda, víctimas del "nene" Sánchez-, es cómplice de las fuerzas represivas a tal punto que el imputado es señalado por las familias de las víctimas por su relación con el fiscal y la policía, la misma policía que asesinó a Kosteki y Santillán. Una "Justicia" que aún permite la impunidad para los policías mafiosos que asesinaron a Sandra Cabrera en Rosario.
¿A favor o en contra de la jueza?
Muchas feministas creen que la alternativa, frente a esta situación, es la incorporación de mujeres a la Corte Suprema. Más aún, postulan que es necesario apoyar la candidatura de la jueza Argibay contra las objeciones que ha hecho la Iglesia. Pero consideramos que esa dicotomía es falsa, porque nos obliga a elegir entre dos instituciones profundamente reaccionarias: la Iglesia o la Justicia, que siempre atentan contra los derechos de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, de las mujeres de los sectores populares, de las más pobres entre los pobres.
Los miembros de la Corte Suprema son elegidos tradicionalmente a dedo o a servilleta, ratificados por esa cueva de ladrones y coimeros que es el Senado y, además, no son revocables. Por si fuera poco, cobran sueldos millonarios, mientras trabajadores ocupados y desocupados viven en la miseria. Si bien es un hecho novedoso el ingreso de una mujer a la Corte, su sola presencia no transforma el carácter profundamente reaccionario y antidemocrático de la "Justicia" de patrones y ricos. Para muestra basta un botón: los políticos patronales felicitaron a Kirchner por haber propuesto como nueva candidata a Elena Highton, una jueza de perfil más conservador, que permite mostrar el carácter "pluralista" de la Corte, y dejar tranquilos a curas y chupacirios.
Los "progres" se arrodillan frente al Papa
Es cierto que entre los detractores de Argibay se concentra lo más reaccionario de este podrido régimen: la Iglesia y miembros del Opus Dei, como la senadora Negre, de San Luis. Lo que cuestionan es su postura a favor del aborto y su ateísmo. Los mismos que bendijeron a los genocidas, que protegen a los curas abusadores y arrojaron venenosas declaraciones contra los piqueteros, dicen "defender la vida".
Sin embargo, entre quienes apoyan su candidatura se encuentran Lilita Carrió, el ex presidente Raúl Alfonsín, Chiche Duhalde y ¡hasta un sector de legisladores del bloque de Macri! Lilita no se cansa de repetir su oposición al derecho al aborto, Alfonsín es el que acordó con Menem la reforma de la Constitución en la que se introdujo la defensa incondicional de la vida desde el momento de la concepción. De Chiche Duhalde está todo dicho: con su marido hicieron denodados esfuerzos porque se retirara la Convención Contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer que firmó De la Rúa en el 2001 y que permite que, en caso de violación, las mujeres puedan pedir el derecho al aborto ante organismos internacionales.
¡El mismo gobierno que la propuso a Argibay para la Corte no se cansa de repetir que es antiabortista! Mientras el Papa reclama una definición sobre este tema, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aclara que el Gobierno nacional "ha hecho muchas cosas para evitar el aborto" y advierte, además, que "jamás ha promovido su despenalización". Entonces, ¿qué buscan Kirchner y los políticos patronales con estos nuevos nombramientos en la Corte? En primer lugar, recomponer el régimen a como dé lugar, especialmente a la Corte Suprema que fue una de las instituciones más repudiadas, con cacerolazos y escraches, durante las jornadas de diciembre del 2001. En segundo lugar, domesticar al movimiento de mujeres, intentando que mediante este "gesto" nos convenzamos de que no es necesario luchar por nuestros derechos porque el Estado patronal y sus instituciones reaccionarias pueden garantizarlos.
Mucho ruido y pocas nueces
Pero es evidente que como "gesto" tiene patas cortas: la propia Argibay ya confirmó su intención de respetar las funciones de la Corte y hacer respetar las leyes... que no respetan nuestros derechos. Con esto ha dado por tierra con las objeciones más belicosas de la Iglesia y con las ilusiones de muchas mujeres que veían en ella un cambio sustancial. Ella misma dijo: "yo no soy legisladora, no hago las leyes y, en todo caso, si me nombran, mi trabajo será hacer cumplir las leyes". Toda una definición. Como el resto de los jueces "garantistas", cumplen la función de aplicar las leyes de esta democracia para ricos.
Por eso consideramos que las mujeres no podemos aceptar la trampa del Dr. K. Somos nosotras, las mujeres trabajadoras, de los sectores populares, las mujeres desocupadas, las estudiantes y todas las mujeres que estén por defender los derechos democráticos las que debemos organizarnos para luchar por nuestros derechos, independientemente del Estado, sus partidos patronales y la Iglesia.
(*) en co-autoría con Bárbara Funes
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