Intervención en la mesa sobre despenalización del aborto, durante el Congreso Nacional de Trabajo Social (Tandil). (*)Durante la última década, el feminismo estableció una compleja red de alianzas con instituciones estatales y académicas, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros movimientos sociales que lo reconfiguraron como un movimiento diverso en el reclamo de derechos civiles, pero también en la disputa cultural de sentidos.
Después de su irrupción, durante la década del setenta, centrado en un discurso antipatriarcal fuertemente cuestionador del orden establecido –en diálogo y controversia con los movimientos anticapitalistas y la izquierda política-, el feminismo reemergió a mediados de los ochenta, vinculado a la agenda de los derechos humanos.
A diferencia del movimiento europeo o norteamericano, en la mayoría de los países de América Latina, el feminismo sufrió el corte histórico y generacional propiciado por el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución de América Central y las dictaduras militares genocidas del Cono Sur.
Estas experiencias históricas tiñeron la práctica feminista de los años posteriores, vinculada a los procesos de democratización y pacificación, reconvirtiendo su espíritu contestatario en esfuerzo de institucionalización. Las demandas propias de la agenda feminista se trasvasaron en el nuevo lenguaje continental de los derechos humanos, al tiempo que la nueva situación política permitió, a partir de 1981, los Encuentros Feministas de Latinoamérica y el Caribe.
Para los años noventa, la otrora delgada separación entre centros de trabajo y estudio, por un lado, y movimiento militante, por otro, se profundizó y dio lugar a la polarización entre las especialistas, que conformaron lo que dio en llamarse una tecnocracia de género y las activistas, fracción minoritaria que tomó la bandera de la autonomía como diferenciación específica al interior del movimiento.
Al mismo tiempo, la internacionalización del movimiento se profundizaba bajo los cánones impuestos por el sistema onusino de conferencias mundiales que, lentamente, fue reconfigurando el carácter de las ONG, convirtiéndolas en organizaciones profesionalizadas y despolitizadas, exigidas de atender las necesidades de mujeres de sectores populares, como mediadoras entre agencias de financiamiento, gobiernos y “beneficiarias”, en competencia con sus pares, lo que fragmentó aun más al movimiento.
Mientras los estados privatizaban los servicios públicos y los recursos nacionales, las ONG se iban transformando en “pequeñas empresas” cuyo capital radicaba en la experticia de sus planteles profesionales, para la atención de aquellas necesidades que el estado desatendía. El feminismo autónomo englobó a pequeños colectivos anarcofeministas, autonomistas propiamente dichas, socialistas, etc. que, en medio de la marea neoliberal, asumieron el riesgo de mantenerse al margen de la tendencia mayoritaria, al costo de construirse de un modo autorreferencial, centrado en la crítica cultural y, en cierto sentido, también vaciando el carácter político de las reivindicaciones en un ensimismamiento sectario.
Pero en la última década, signada en sus albores por la crisis del modelo neoliberal y las movilizaciones de masas en diversos puntos del continente, el feminismo se plantó en la escena latinoamericana con una joven generación que aportó nuevas fuerzas y también nuevas formas de activismo.
Los levantamientos en Ecuador y Bolivia, las jornadas de diciembre de 2001 en Argentina, la movilización popular que derrocó el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, las movilizaciones en México de 2006 –como el plantón de un millón de personas contra el fraude político en el centro del Distrito Federal o la gesta de la Comuna de Oaxaca-, pusieron a las masas en el centro de una nueva escena política donde las mujeres tuvieron un papel destacado. Ese protagonismo de mujeres trabajadoras, desocupadas, de pueblos originarios, propició la reactivación de una cierta militancia feminista que recobró viejas banderas y las reactualizó, asumiéndolas junto a nuevas inquietudes y reclamos.
Tres aspectos nos resultan significativos de la experiencia feminista de la última década: a) la “repolitización” de esta nueva militancia feminista que surge al calor de la crisis que, primeramente en Argentina, signó los albores de la nueva década; b) las nuevas experiencias de solidaridad feminista internacional, originada en esfuerzos independientes de los encuentros o conferencias internacionales institucionalizados, que surgieron ante el golpe de Estado en Honduras (2009) y el terremoto en Haití (2010) y c) la persistencia de la lucha por el derecho al aborto en la agenda de las feministas de todo el continente y su relación controvertida con los nuevos gobiernos postneoliberales.
El reclamo por la despenalización del aborto es, quizás, el más persistente y extendido de la agenda feminista latinoamericana de la última década, ya que en la mayoría de los países de nuestro continente el aborto sigue siendo una práctica clandestina. La causa fundamental por la que esta demanda se sostiene a través de los años radica en que la práctica de abortos clandestinos sigue ocupando los primeros lugares entre las causas de mortalidad materna en el continente.
Sin embargo, a pesar de que la legalización del aborto es respaldada por diversos instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, tanto los gobiernos de distintos signos políticos, como la Iglesia Católica y otras instituciones siguen resistiendo al reclamo de millones de mujeres latinoamericanas. Lo distintivo de la última década fue que, con la eclosión del modelo neoliberal de los años noventa, el movimiento feminista no sólo profundizó la movilización y la lucha por este reclamo, conquistando fuertes simpatías y adhesiones, sino que prontamente depositó expectativas en los nuevos gobiernos postneoliberales, en la búsqueda de un consenso para avanzar en una agenda común, reduciendo la propia capacidad de movilización alcanzada en aras de privilegiar el cabildeo y las negociaciones “por arriba”.
Sin embargo, a pesar de las esperanzas depositadas en los nuevos regímenes y gobiernos, los cambios han sido mínimos, cuando no ha habido marcados retrocesos.
En gran parte del continente, las feministas de distintas tendencias y orígenes de lo más diversos han establecido coaliciones amplias, limando asperezas y sobreponiéndose a las diferencias políticas, para pelear por el derecho al aborto. En ocasiones, estas alianzas surgieron en el esfuerzo por diseñar estrategias que permitieran avanzar en la legalización del aborto; otras veces, fueron la resultante de verse obligadas a actuar defensivamente, frente a la avanzada de sectores reaccionarios y fundamentalistas que empujaron a establecer estas coaliciones de resistencia. En todos los casos, la última década estuvo signada por una visibilización nunca antes alcanzada de este derecho que aún le es negado a millones de mujeres latinoamericanas, gracias a la persistencia del movimiento feminista de la región.
¿Cuáles fueron los logros? ¿Cuáles son las perspectivas? Todavía es un debate abierto, pero algunos ejemplos de lo que sucedió –en esta última década- en algunos países del continente evidencia que el derecho al aborto es aún un tema de profundos debates en el que la Iglesia Católica –con fuerte raigambre en la región- y otros sectores fundamentalistas y conservadores no están dispuestos a ceder fácilmente, presionando a gobiernos y persiguiendo judicialmente a las mujeres afectadas y las feministas.
En El Salvador, después de muchos años de gobiernos del derechista ARENA, que había prohibido el aborto en 1998 –cuando derogó el artículo del Código Penal de 1973 que permitía el aborto terapéutico-, las mujeres esperaron un cambio con la llegada al poder del opositor FMLN. Sin embargo, estos cambios no se produjeron: la situación legal del aborto no fue modificada.
Recientemente, ante la iniciativa de la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) de revisar la legislación sobre aborto, el presidente Funes salió al cruce de las versiones periodísticas, aclarando que no había orden procedente del poder ejecutivo. “Yo no he dado ninguna orden, ni he dado ninguna instrucción, para que se proceda a revisar la legislación, en materia de aborto”, manifestó Mauricio Funes, al tiempo que desautorizó a la directora del ISDEMU por la firma de declaraciones en tal sentido, realizadas en el marco de una reunión internacional.
En Nicaragua, durante la campaña electoral por el que sería su segundo mandato después de tres derrotas electorales, Daniel Ortega, del FSLN, pactó con la derecha encabezada por el obispo Obando –vinculado a los sectores más reaccionarios de la sociedad nicaragüense- el apoyo de la Iglesia Católica a su candidatura a cambio de que su partido votara la penalización del aborto terapéutico, un derecho que existía en el país desde 1891. Y así se aprobó en el parlamento, en 2006, con la unanimidad conseguida por los votos del FSLN y la derecha, antes de las elecciones presidenciales en las que triunfó Ortega.
Durante la campaña electoral, el FSLN fue el único partido que publicó un comunicado sobre el tema, titulado “Sí a la vida, no al aborto” y, además, participó de una movilización contra el derecho al aborto convocada por la Iglesia Católica, apoyada por el entonces gobierno conservador de Bolaños. Una vez en la presidencia, Daniel Ortega se pronunció contra los movimientos feministas y quienes luchan por el derecho al aborto en su país, llegando incluso a la persecución y la amenaza con perder la personería jurídica a las ONG que defienden este derecho. Nueve mujeres reconocidas del movimiento feminista fueron acusadas de “apología del delito” ante la justicia nicaragüense por haber colaborado en la interrupción del embarazo de una niña abusada, en tiempos en que el aborto terapéutico era legal. Estas medidas provocaron la solidaridad y la movilización inmediata de las feministas en distintos países. Desde Honduras hasta Paraguay, cada visita oficial de Daniel Ortega fue respondida por agrupaciones feministas locales que rechazaron su presencia.
En Chile, el aborto es ilegal en todos los casos, desde que la dictadura de Pinochet derogó el aborto terapéutico y esto no ha sido modificado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, la primera mujer en llegar al más alto cargo del poder ejecutivo.
En Uruguay, las activistas feministas se encontraron con una sorpresa dada por el primer presidente del Frente Amplio, que había asumido en un clima de gran alegría y expectativa. El parlamento uruguayo había aprobado, en 2008, un proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto siempre que la mujer lo realizara antes de las doce semanas de gestación y, más allá de este plazo, también se permitía cuando el embarazo implicara riesgo de vida o de salud de la mujer o cuando se previera la malformación fetal incompatible con la vida extrauterina.
Esta medida, que había sido presentada ante las feministas del Cono Sur como un ejemplo a seguir, en la lucha por el derecho al aborto, pronto quedó sin efecto. Porque, para que se transformara en ley, definitivamente, necesitaba ser aprobada por el presidente, el médico Tabaré Vázquez, quien la vetó con el aval de la ministra de Salud, mientras la Iglesia Católica amenazaba con excomulgar a todos los funcionarios que la apoyaran.
En Brasil, las contradicciones entre las expectativas generadas por el gobierno del PT y su compromiso real con el derecho al aborto han sido similares.
Después de la visita oficial del Papa Ratzinger, en 2007, el gobierno de Lula Da Silva apoyó oficialmente una campaña coordinada por la Conferencia Episcopal que tenía como lema la defensa del derecho a la vida desde la concepción y finalmente, en 2008, firmó el acuerdo Brasil – Vaticano, que consolida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y fortalece las posiciones religiosas en contra del derecho al aborto, entre otras cuestiones.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2010, ante la presión de sectores fundamentalistas y derechistas, la candidata del PT y actual presidenta, Dilma Rousseff, se vio obligada a pronunciarse explícitamente en contra del derecho al aborto para no perder el voto de vastos sectores cristianos. En medio de la campaña, la candidata en la que se afirmaban las expectativas de las feministas brasileñas, prometió mantener la legislación sobre aborto y no innovar en otros aspectos que modificaran la legislación sobre la familia.
México ha sido, quizás, la única excepción durante este período. Después de muchos años de lucha del movimiento feminista, a principios de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó la reforma de las cláusulas del Código Penal que penalizaban el aborto. Esta reforma, propiciada por el partido de centroizquierda que gobierna el distrito (PRD), permite abortar hasta las doce semanas de gestación, ampliando la legislación preexistente que sólo autorizaba la interrupción del embarazo en caso de violación, de que hubiera malformaciones graves del feto o si la vida de la mujer corría peligro. A la propuesta del PRD se plegaron otros partidos, con la sola oposición del conservador PAN, el partido del presidente.
Sin embargo, esta batalla legislativa no se ganó sencillamente. La innovación legislativa fue recusada inmediatamente por sectores fundamentalistas y religiosos y fue, finalmente, la Corte Suprema de Justicia la que dictaminó su constitucionalidad.
Además, una vez aprobada la reforma y como reacción a esta decisión adoptada por el Distrito Federal, en numerosos estados mexicanos se endureció la legislación con respecto al aborto, con reformas promovidas por la Iglesia Católica en connivencia con el PAN y organizaciones antiabortistas. Esto llevó a que en algunas legislaciones se contemple, actualmente, al óvulo fertilizado como una persona legal, aumentando la criminalización de las mujeres.
En Argentina, en setiembre de 2003 se conmemoró el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto con una movilización en la que participaron miles de mujeres. Pero ya empezaban a surgir diferencias políticas entre las activistas que impulsaban la lucha por el derecho al aborto: mientras un sector mayoritario proponía presionar al recientemente asumido gobierno de Néstor Kirchner, generando expectativas en un cambio promovido “desde arriba”, otro sector insistía en mantener la movilización independiente por la base. El entonces ministro de Salud adoptó un discurso progresivo con respecto a la despenalización que aumentó las expectativas del activismo, mientras la entonces senadora Cristina Kirchner prometía al Vaticano no innovar en esta materia.
Al año siguiente, se realizaba el Iº Encuentro Nacional sobre Estrategias por el Derecho al Aborto, que proponía conformar una coordinadora nacional, elaborar un proyecto de ley y propiciar la formación de un bloque de legisladoras por el derecho al aborto. Esta iniciativa culminó, un año más tarde, en el lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que nucleó a diversos sectores, organizaciones de mujeres, feministas y activistas de distintos espacios. Esta campaña comenzó con un petitorio que reclamaba el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que consiguió la adhesión de miles de personas en todo el país. Este petitorio fue entregado al Congreso, un año más tarde, en una manifestación que reunió a más de cuatro mil mujeres en Buenos Aires. Para entonces, un bloque encabezado por la consigna “Bajo el gobierno de Kirchner las mujeres seguimos muriendo por aborto clandestino” reunió a las feministas autonomistas, diversas agrupaciones de feministas lesbianas, autonomistas y agrupaciones vinculadas a la izquierda partidaria que confrontaban con la dirección y el rumbo que había tomado la campaña.
Al año siguiente, la coalición que integra la campaña empieza a perder su capacidad de movilización. Lentamente, en los años posteriores, ganó reconocimiento público a través del lobby parlamentario y la prensa, pero las acciones y movilizaciones convocadas por la campaña quedaron reducidas a grupos minúsculos.
El gobierno de Cristina Kirchner, que sucedió al de su esposo, encierra la paradoja de que, más que nunca antes, el proyecto de ley presentado por la campaña en el Congreso de la Nación, ha recibido el apoyo de diputados y diputadas de casi todos los bloques para su futuro tratamiento, mientras la presidenta insiste en su negativa a que esta discusión prospere, lo que ha sido visto con agrado por la jerarquía eclesiástica.
El martes pasado, en la Comisión de Legislación Penal de la cámara de Diputados se inició el debate parlamentario sobre el derecho al aborto. Con la participación de 12 sobre 31 integrantes de la Comisión de Legislación Penal, se obtuvo dictamen favorable con exiguos 7 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. El dictamen, sin embargo, fue cuestionado al día siguiente por diputados que pedirán su impugnación por no cumplir con los requisitos que establece el reglamento. Pero si quedara en firme, el proyecto aún debe ser aprobado por mayoría en las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presidida actualmente por la duhaldista Claudia Rucci y la de Acción Social y Salud Pública, antes de ser girado a la cámara de Diputados en primera instancia –donde también debe ser aprobado por la mayoría- y luego, en segundo lugar, al Senado, con el mismo requerimiento. También habría que aclarar que, si en las cortas semanas que quedan hasta la asunción de los diputados recientemente electos, el proyecto no es girado a las otras comisiones, caducará la aprobación que obtuvo en Legislación Penal y deberá presentarse nuevamente, con el mismo procedimiento.
Como lo señaló el diario kirchnerista Tiempo Argentino, “El Frente para la Victoria brilló por su ausencia”. Sólo la ex – frepasista Diana Conti se acercó a dar su voto. Y fue clara cuando admitió que “el aborto es un debate que no está en la agenda de Poder Ejecutivo”. Cristina Kirchner había ordenado que no se diera quórum, ni se participara del debate. Afuera no se vio ni un solo banderín de La Cámpora, el Movimiento Evita ni otros sectores kirchneristas. Fue apenas una muestra de cómo actuará el kirchnerismo con quórum propio a partir del 10 de diciembre.
Como lo dijimos desde el primer día, luchamos por la aprobación inmediata y sin modificaciones del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. No podemos conformarnos con ser siempre las mismas compañeras las que nos vemos en las movilizaciones y en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Tenemos que aprovechar el creciente apoyo social que tiene la legalización del aborto para preparar una gran Marcha Nacional, organizada con los centros de estudiantes, las comisiones internas combativas y los sindicatos –especialmente aquellos donde las mujeres son la mayoría, como docentes, salud, alimentación-, las organizaciones sociales y políticas que firmaron el proyecto y todas las agrupaciones del movimiento de mujeres.
El único camino para conquistar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, como todos nuestros derechos, es el de la organización y la movilización de un poderoso movimiento de mujeres trabajadoras, estudiantes y amas de casa, independiente del Estado y sus instituciones, que despliegue su voluntad de lucha en los lugares de trabajo, estudio y en las calles, empezando por conquistar la aprobación del aborto legal.
Nuestra visión del feminismo latinoamericano de la última década no es aséptica. Fuimos parte de esta experiencia, de manera activa. Desde ese compromiso entendemos también la necesidad de ahondar en la reflexión sobre nuestras prácticas y nuestras perspectivas, con el propósito de no recaer en las estrategias que han conducido al feminismo a los callejones sin salida de la cooptación o la marginalidad. Contamos con esta última década de nuevas y fructíferas experiencias que han dejado lecciones, aportando creativamente nuevas formas de activismo, nuevas alianzas, nuevos horizontes.
La independencia del poder del Estado, pero no para recluirse ensimismadamente en la creación de una contracultura, sino para enfrentar, exigir y conquistar nuestros derechos sin compromisos; la solidaridad internacional y la construcción de movimientos amplios que incluyan a las mujeres trabajadoras y de los sectores populares como protagonistas y sujetos políticos de sus propias reivindicaciones y no como meras beneficiarias de las políticas diseñadas por las expertas son algunas conclusiones de la última década transcurrida, donde el feminismo –como movimiento de lucha- volvió a despertar de un largo letargo.
Después de su irrupción, durante la década del setenta, centrado en un discurso antipatriarcal fuertemente cuestionador del orden establecido –en diálogo y controversia con los movimientos anticapitalistas y la izquierda política-, el feminismo reemergió a mediados de los ochenta, vinculado a la agenda de los derechos humanos.
A diferencia del movimiento europeo o norteamericano, en la mayoría de los países de América Latina, el feminismo sufrió el corte histórico y generacional propiciado por el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución de América Central y las dictaduras militares genocidas del Cono Sur.
Estas experiencias históricas tiñeron la práctica feminista de los años posteriores, vinculada a los procesos de democratización y pacificación, reconvirtiendo su espíritu contestatario en esfuerzo de institucionalización. Las demandas propias de la agenda feminista se trasvasaron en el nuevo lenguaje continental de los derechos humanos, al tiempo que la nueva situación política permitió, a partir de 1981, los Encuentros Feministas de Latinoamérica y el Caribe.
Para los años noventa, la otrora delgada separación entre centros de trabajo y estudio, por un lado, y movimiento militante, por otro, se profundizó y dio lugar a la polarización entre las especialistas, que conformaron lo que dio en llamarse una tecnocracia de género y las activistas, fracción minoritaria que tomó la bandera de la autonomía como diferenciación específica al interior del movimiento.
Al mismo tiempo, la internacionalización del movimiento se profundizaba bajo los cánones impuestos por el sistema onusino de conferencias mundiales que, lentamente, fue reconfigurando el carácter de las ONG, convirtiéndolas en organizaciones profesionalizadas y despolitizadas, exigidas de atender las necesidades de mujeres de sectores populares, como mediadoras entre agencias de financiamiento, gobiernos y “beneficiarias”, en competencia con sus pares, lo que fragmentó aun más al movimiento.
Mientras los estados privatizaban los servicios públicos y los recursos nacionales, las ONG se iban transformando en “pequeñas empresas” cuyo capital radicaba en la experticia de sus planteles profesionales, para la atención de aquellas necesidades que el estado desatendía. El feminismo autónomo englobó a pequeños colectivos anarcofeministas, autonomistas propiamente dichas, socialistas, etc. que, en medio de la marea neoliberal, asumieron el riesgo de mantenerse al margen de la tendencia mayoritaria, al costo de construirse de un modo autorreferencial, centrado en la crítica cultural y, en cierto sentido, también vaciando el carácter político de las reivindicaciones en un ensimismamiento sectario.
Pero en la última década, signada en sus albores por la crisis del modelo neoliberal y las movilizaciones de masas en diversos puntos del continente, el feminismo se plantó en la escena latinoamericana con una joven generación que aportó nuevas fuerzas y también nuevas formas de activismo.
Los levantamientos en Ecuador y Bolivia, las jornadas de diciembre de 2001 en Argentina, la movilización popular que derrocó el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, las movilizaciones en México de 2006 –como el plantón de un millón de personas contra el fraude político en el centro del Distrito Federal o la gesta de la Comuna de Oaxaca-, pusieron a las masas en el centro de una nueva escena política donde las mujeres tuvieron un papel destacado. Ese protagonismo de mujeres trabajadoras, desocupadas, de pueblos originarios, propició la reactivación de una cierta militancia feminista que recobró viejas banderas y las reactualizó, asumiéndolas junto a nuevas inquietudes y reclamos.
Tres aspectos nos resultan significativos de la experiencia feminista de la última década: a) la “repolitización” de esta nueva militancia feminista que surge al calor de la crisis que, primeramente en Argentina, signó los albores de la nueva década; b) las nuevas experiencias de solidaridad feminista internacional, originada en esfuerzos independientes de los encuentros o conferencias internacionales institucionalizados, que surgieron ante el golpe de Estado en Honduras (2009) y el terremoto en Haití (2010) y c) la persistencia de la lucha por el derecho al aborto en la agenda de las feministas de todo el continente y su relación controvertida con los nuevos gobiernos postneoliberales.
El reclamo por la despenalización del aborto es, quizás, el más persistente y extendido de la agenda feminista latinoamericana de la última década, ya que en la mayoría de los países de nuestro continente el aborto sigue siendo una práctica clandestina. La causa fundamental por la que esta demanda se sostiene a través de los años radica en que la práctica de abortos clandestinos sigue ocupando los primeros lugares entre las causas de mortalidad materna en el continente.
Sin embargo, a pesar de que la legalización del aborto es respaldada por diversos instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, tanto los gobiernos de distintos signos políticos, como la Iglesia Católica y otras instituciones siguen resistiendo al reclamo de millones de mujeres latinoamericanas. Lo distintivo de la última década fue que, con la eclosión del modelo neoliberal de los años noventa, el movimiento feminista no sólo profundizó la movilización y la lucha por este reclamo, conquistando fuertes simpatías y adhesiones, sino que prontamente depositó expectativas en los nuevos gobiernos postneoliberales, en la búsqueda de un consenso para avanzar en una agenda común, reduciendo la propia capacidad de movilización alcanzada en aras de privilegiar el cabildeo y las negociaciones “por arriba”.
Sin embargo, a pesar de las esperanzas depositadas en los nuevos regímenes y gobiernos, los cambios han sido mínimos, cuando no ha habido marcados retrocesos.
En gran parte del continente, las feministas de distintas tendencias y orígenes de lo más diversos han establecido coaliciones amplias, limando asperezas y sobreponiéndose a las diferencias políticas, para pelear por el derecho al aborto. En ocasiones, estas alianzas surgieron en el esfuerzo por diseñar estrategias que permitieran avanzar en la legalización del aborto; otras veces, fueron la resultante de verse obligadas a actuar defensivamente, frente a la avanzada de sectores reaccionarios y fundamentalistas que empujaron a establecer estas coaliciones de resistencia. En todos los casos, la última década estuvo signada por una visibilización nunca antes alcanzada de este derecho que aún le es negado a millones de mujeres latinoamericanas, gracias a la persistencia del movimiento feminista de la región.
¿Cuáles fueron los logros? ¿Cuáles son las perspectivas? Todavía es un debate abierto, pero algunos ejemplos de lo que sucedió –en esta última década- en algunos países del continente evidencia que el derecho al aborto es aún un tema de profundos debates en el que la Iglesia Católica –con fuerte raigambre en la región- y otros sectores fundamentalistas y conservadores no están dispuestos a ceder fácilmente, presionando a gobiernos y persiguiendo judicialmente a las mujeres afectadas y las feministas.
En El Salvador, después de muchos años de gobiernos del derechista ARENA, que había prohibido el aborto en 1998 –cuando derogó el artículo del Código Penal de 1973 que permitía el aborto terapéutico-, las mujeres esperaron un cambio con la llegada al poder del opositor FMLN. Sin embargo, estos cambios no se produjeron: la situación legal del aborto no fue modificada.
Recientemente, ante la iniciativa de la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) de revisar la legislación sobre aborto, el presidente Funes salió al cruce de las versiones periodísticas, aclarando que no había orden procedente del poder ejecutivo. “Yo no he dado ninguna orden, ni he dado ninguna instrucción, para que se proceda a revisar la legislación, en materia de aborto”, manifestó Mauricio Funes, al tiempo que desautorizó a la directora del ISDEMU por la firma de declaraciones en tal sentido, realizadas en el marco de una reunión internacional.
En Nicaragua, durante la campaña electoral por el que sería su segundo mandato después de tres derrotas electorales, Daniel Ortega, del FSLN, pactó con la derecha encabezada por el obispo Obando –vinculado a los sectores más reaccionarios de la sociedad nicaragüense- el apoyo de la Iglesia Católica a su candidatura a cambio de que su partido votara la penalización del aborto terapéutico, un derecho que existía en el país desde 1891. Y así se aprobó en el parlamento, en 2006, con la unanimidad conseguida por los votos del FSLN y la derecha, antes de las elecciones presidenciales en las que triunfó Ortega.
Durante la campaña electoral, el FSLN fue el único partido que publicó un comunicado sobre el tema, titulado “Sí a la vida, no al aborto” y, además, participó de una movilización contra el derecho al aborto convocada por la Iglesia Católica, apoyada por el entonces gobierno conservador de Bolaños. Una vez en la presidencia, Daniel Ortega se pronunció contra los movimientos feministas y quienes luchan por el derecho al aborto en su país, llegando incluso a la persecución y la amenaza con perder la personería jurídica a las ONG que defienden este derecho. Nueve mujeres reconocidas del movimiento feminista fueron acusadas de “apología del delito” ante la justicia nicaragüense por haber colaborado en la interrupción del embarazo de una niña abusada, en tiempos en que el aborto terapéutico era legal. Estas medidas provocaron la solidaridad y la movilización inmediata de las feministas en distintos países. Desde Honduras hasta Paraguay, cada visita oficial de Daniel Ortega fue respondida por agrupaciones feministas locales que rechazaron su presencia.
En Chile, el aborto es ilegal en todos los casos, desde que la dictadura de Pinochet derogó el aborto terapéutico y esto no ha sido modificado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, la primera mujer en llegar al más alto cargo del poder ejecutivo.
En Uruguay, las activistas feministas se encontraron con una sorpresa dada por el primer presidente del Frente Amplio, que había asumido en un clima de gran alegría y expectativa. El parlamento uruguayo había aprobado, en 2008, un proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto siempre que la mujer lo realizara antes de las doce semanas de gestación y, más allá de este plazo, también se permitía cuando el embarazo implicara riesgo de vida o de salud de la mujer o cuando se previera la malformación fetal incompatible con la vida extrauterina.
Esta medida, que había sido presentada ante las feministas del Cono Sur como un ejemplo a seguir, en la lucha por el derecho al aborto, pronto quedó sin efecto. Porque, para que se transformara en ley, definitivamente, necesitaba ser aprobada por el presidente, el médico Tabaré Vázquez, quien la vetó con el aval de la ministra de Salud, mientras la Iglesia Católica amenazaba con excomulgar a todos los funcionarios que la apoyaran.
En Brasil, las contradicciones entre las expectativas generadas por el gobierno del PT y su compromiso real con el derecho al aborto han sido similares.
Después de la visita oficial del Papa Ratzinger, en 2007, el gobierno de Lula Da Silva apoyó oficialmente una campaña coordinada por la Conferencia Episcopal que tenía como lema la defensa del derecho a la vida desde la concepción y finalmente, en 2008, firmó el acuerdo Brasil – Vaticano, que consolida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y fortalece las posiciones religiosas en contra del derecho al aborto, entre otras cuestiones.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2010, ante la presión de sectores fundamentalistas y derechistas, la candidata del PT y actual presidenta, Dilma Rousseff, se vio obligada a pronunciarse explícitamente en contra del derecho al aborto para no perder el voto de vastos sectores cristianos. En medio de la campaña, la candidata en la que se afirmaban las expectativas de las feministas brasileñas, prometió mantener la legislación sobre aborto y no innovar en otros aspectos que modificaran la legislación sobre la familia.
México ha sido, quizás, la única excepción durante este período. Después de muchos años de lucha del movimiento feminista, a principios de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó la reforma de las cláusulas del Código Penal que penalizaban el aborto. Esta reforma, propiciada por el partido de centroizquierda que gobierna el distrito (PRD), permite abortar hasta las doce semanas de gestación, ampliando la legislación preexistente que sólo autorizaba la interrupción del embarazo en caso de violación, de que hubiera malformaciones graves del feto o si la vida de la mujer corría peligro. A la propuesta del PRD se plegaron otros partidos, con la sola oposición del conservador PAN, el partido del presidente.
Sin embargo, esta batalla legislativa no se ganó sencillamente. La innovación legislativa fue recusada inmediatamente por sectores fundamentalistas y religiosos y fue, finalmente, la Corte Suprema de Justicia la que dictaminó su constitucionalidad.
Además, una vez aprobada la reforma y como reacción a esta decisión adoptada por el Distrito Federal, en numerosos estados mexicanos se endureció la legislación con respecto al aborto, con reformas promovidas por la Iglesia Católica en connivencia con el PAN y organizaciones antiabortistas. Esto llevó a que en algunas legislaciones se contemple, actualmente, al óvulo fertilizado como una persona legal, aumentando la criminalización de las mujeres.
En Argentina, en setiembre de 2003 se conmemoró el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto con una movilización en la que participaron miles de mujeres. Pero ya empezaban a surgir diferencias políticas entre las activistas que impulsaban la lucha por el derecho al aborto: mientras un sector mayoritario proponía presionar al recientemente asumido gobierno de Néstor Kirchner, generando expectativas en un cambio promovido “desde arriba”, otro sector insistía en mantener la movilización independiente por la base. El entonces ministro de Salud adoptó un discurso progresivo con respecto a la despenalización que aumentó las expectativas del activismo, mientras la entonces senadora Cristina Kirchner prometía al Vaticano no innovar en esta materia.
Al año siguiente, se realizaba el Iº Encuentro Nacional sobre Estrategias por el Derecho al Aborto, que proponía conformar una coordinadora nacional, elaborar un proyecto de ley y propiciar la formación de un bloque de legisladoras por el derecho al aborto. Esta iniciativa culminó, un año más tarde, en el lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que nucleó a diversos sectores, organizaciones de mujeres, feministas y activistas de distintos espacios. Esta campaña comenzó con un petitorio que reclamaba el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que consiguió la adhesión de miles de personas en todo el país. Este petitorio fue entregado al Congreso, un año más tarde, en una manifestación que reunió a más de cuatro mil mujeres en Buenos Aires. Para entonces, un bloque encabezado por la consigna “Bajo el gobierno de Kirchner las mujeres seguimos muriendo por aborto clandestino” reunió a las feministas autonomistas, diversas agrupaciones de feministas lesbianas, autonomistas y agrupaciones vinculadas a la izquierda partidaria que confrontaban con la dirección y el rumbo que había tomado la campaña.
Al año siguiente, la coalición que integra la campaña empieza a perder su capacidad de movilización. Lentamente, en los años posteriores, ganó reconocimiento público a través del lobby parlamentario y la prensa, pero las acciones y movilizaciones convocadas por la campaña quedaron reducidas a grupos minúsculos.
El gobierno de Cristina Kirchner, que sucedió al de su esposo, encierra la paradoja de que, más que nunca antes, el proyecto de ley presentado por la campaña en el Congreso de la Nación, ha recibido el apoyo de diputados y diputadas de casi todos los bloques para su futuro tratamiento, mientras la presidenta insiste en su negativa a que esta discusión prospere, lo que ha sido visto con agrado por la jerarquía eclesiástica.
El martes pasado, en la Comisión de Legislación Penal de la cámara de Diputados se inició el debate parlamentario sobre el derecho al aborto. Con la participación de 12 sobre 31 integrantes de la Comisión de Legislación Penal, se obtuvo dictamen favorable con exiguos 7 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. El dictamen, sin embargo, fue cuestionado al día siguiente por diputados que pedirán su impugnación por no cumplir con los requisitos que establece el reglamento. Pero si quedara en firme, el proyecto aún debe ser aprobado por mayoría en las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presidida actualmente por la duhaldista Claudia Rucci y la de Acción Social y Salud Pública, antes de ser girado a la cámara de Diputados en primera instancia –donde también debe ser aprobado por la mayoría- y luego, en segundo lugar, al Senado, con el mismo requerimiento. También habría que aclarar que, si en las cortas semanas que quedan hasta la asunción de los diputados recientemente electos, el proyecto no es girado a las otras comisiones, caducará la aprobación que obtuvo en Legislación Penal y deberá presentarse nuevamente, con el mismo procedimiento.
Como lo señaló el diario kirchnerista Tiempo Argentino, “El Frente para la Victoria brilló por su ausencia”. Sólo la ex – frepasista Diana Conti se acercó a dar su voto. Y fue clara cuando admitió que “el aborto es un debate que no está en la agenda de Poder Ejecutivo”. Cristina Kirchner había ordenado que no se diera quórum, ni se participara del debate. Afuera no se vio ni un solo banderín de La Cámpora, el Movimiento Evita ni otros sectores kirchneristas. Fue apenas una muestra de cómo actuará el kirchnerismo con quórum propio a partir del 10 de diciembre.
Como lo dijimos desde el primer día, luchamos por la aprobación inmediata y sin modificaciones del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. No podemos conformarnos con ser siempre las mismas compañeras las que nos vemos en las movilizaciones y en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Tenemos que aprovechar el creciente apoyo social que tiene la legalización del aborto para preparar una gran Marcha Nacional, organizada con los centros de estudiantes, las comisiones internas combativas y los sindicatos –especialmente aquellos donde las mujeres son la mayoría, como docentes, salud, alimentación-, las organizaciones sociales y políticas que firmaron el proyecto y todas las agrupaciones del movimiento de mujeres.
El único camino para conquistar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, como todos nuestros derechos, es el de la organización y la movilización de un poderoso movimiento de mujeres trabajadoras, estudiantes y amas de casa, independiente del Estado y sus instituciones, que despliegue su voluntad de lucha en los lugares de trabajo, estudio y en las calles, empezando por conquistar la aprobación del aborto legal.
Nuestra visión del feminismo latinoamericano de la última década no es aséptica. Fuimos parte de esta experiencia, de manera activa. Desde ese compromiso entendemos también la necesidad de ahondar en la reflexión sobre nuestras prácticas y nuestras perspectivas, con el propósito de no recaer en las estrategias que han conducido al feminismo a los callejones sin salida de la cooptación o la marginalidad. Contamos con esta última década de nuevas y fructíferas experiencias que han dejado lecciones, aportando creativamente nuevas formas de activismo, nuevas alianzas, nuevos horizontes.
La independencia del poder del Estado, pero no para recluirse ensimismadamente en la creación de una contracultura, sino para enfrentar, exigir y conquistar nuestros derechos sin compromisos; la solidaridad internacional y la construcción de movimientos amplios que incluyan a las mujeres trabajadoras y de los sectores populares como protagonistas y sujetos políticos de sus propias reivindicaciones y no como meras beneficiarias de las políticas diseñadas por las expertas son algunas conclusiones de la última década transcurrida, donde el feminismo –como movimiento de lucha- volvió a despertar de un largo letargo.
(*) Extracto de D'Atri, Andrea (2011): "2000-2010: Una década de luchas feministas. Logros y deudas pendientes con las mujeres latinoamericanas en los albores del siglo XXI", revista OSAL, año XII, Nº 30, CLACSO, Bs. As.
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