21/7/00

Radicales chupacirios y "nenes bien" de colegios católicos quisieron impedir la ley de salud reproductiva

El 22 de junio pasado la legislatura porteña aprobó la ley de salud reproductiva por 39 votos contra 13. Esta ley plantea la necesidad de información sobre los distintos métodos anticonceptivos en hospitales y el suministro de los mismos a cualquier mujer que lo solicite. Se habla de métodos no abortivos y que sean de carácter reversible, es decir que pueda interrumpirse su uso sin que se vean alteradas las condiciones de fertilidad anteriores.

La ley fue votada en contra por cuatro legisladores delarruistas, siete del partido de Béliz (Nueva Dirigencia) y dos miembros de la bancada del PJ. Los diputados de la Alianza que se opusieron no hicieron más que transmitir las indicaciones del presidente De la Rúa que, fiel a su compromiso con la Iglesia, ordenó que se eliminara la mención del DIU (dispositivo intrauterino o espiral) en el listado de métodos que se nombran en el texto de la ley. Frente al reclamo de la curia hipócrita, Silverio Fernández Gaido, Dora Martina, Griselda Smulovitz de Lestingi y Elisa Cuitiño se embanderaron con los retrógrados presentes en el recinto que gritaban "¡Asesinos!" "¡Abortistas!" a todos los que osaban apoyar el proyecto.

No hacían más que confundir el verdadero tema en disputa, enarbolando las banderas de la defensa de la vida, para no decir ni una palabra de las cientos de mujeres muertas por año en nuestro país por causa de abortos mal practicados en condiciones de insalubridad.

Hoy en la Argentina se producen 1300 abortos diarios y éstos son la primer causa de internación en hospitales públicos. Las hemorragias, los cuadros de infecciones generalizadas son algo cotidiano en los servicios de ginecología y no son más que las consecuencias nefastas que deben vivir las mujeres por no tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, de manera responsable y en condiciones de salubridad. Mientras el Estado debe gastar alrededor de 57 millones de pesos por año en estos servicios hospitalarios para paliar las consecuencias de los abortos "truchos", son sólo 32 millones de pesos los que debería invertir para proveer de anticonceptivos a la misma cantidad de mujeres que recurre tardíamente a estos servicios con riesgos enormes, en la mayoría de los casos, de perder la capacidad reproductiva o aún la vida.

Sin embargo, la ofensiva clerical encabezada por De la Rúa y los jóvenes chetos de la Universidad Católica y Los Robles High School no fue más que una advertencia de lo que estuvo a punto de suceder más tarde: que la ley fuera vetada por el jefe de gobierno, Olivera, alineado con el presidente. Tras largas negociaciones con las mujeres radicales, finalmente, Olivera se limitó a presentar otro proyecto que plantea modificaciones a algunos de los artículos votados. El jefe de gobierno quiere que quede bien aclarado que "en todos los casos se deberán respetar las creencias y los valores de las personas". Este fue el resultado de la negociación ya que su planteo iba más allá: presionado por los sectores más conservadores de su partido y la Iglesia, pretendía introducir la objeción de conciencia para los profesionales. Esto significaba nada más y nada menos que los médicos podrían negarse a proveer y colocar el DIU, alegando que es un anticonceptivo contrario a sus creencias. ¿Se implementará en los hospitales sin ningún tipo de discriminación? ¿o sucederá lo mismo que con el Programa de Procreación Responsable de 1984 que aunque estaba promulgado, nunca fue implementado verdaderamente? ¿No puede pasar lo mismo que con la ley de salud sexual que fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y luego olvidada en un cajón por la Cámara de Senadores? Nada está asegurado. Menos que menos de la mano de la Alianza y las instituciones de gobierno. ¿Acaso no fueron los diputados de la Alianza los que, en la Asamblea Constituyente de 1994 le votaron a Menem la inclusión del Pacto de San José de Costa Rica en la Constitución, con lo cual se sentaron precedentes para hacer completamente imposible la legislación sobre aborto en nuestro país? ¿Acaso no fue la "progresista" Fernández Meijide la que solicitó que no se discutiera el tema del aborto en la campaña electoral porque no es un tema para debatir en ese ámbito?

Hoy, cuando una de cada tres muertes adolescentes tienen por causa el aborto, cuando son principalmente las mujeres obreras y de sectores populares las que sufren las consecuencias de esta prohibición, es más necesario que nunca un debate abierto. Pero sabemos que estos derechos como tantos otros que se ven cercenados en esta supuesta democracia, sólo pueden ser arrancados con la movilización y no con la confianza en estos políticos burgueses que sentados en sus bancas millonarias, manejan sus votaciones según sus pactos y conveniencias.

Nuevamente las mujeres obreras y de sectores populares, las jóvenes debemos plantear bien alto: "Anticonceptivos para no abortar, aborto libre y gratuito para no morir".



Publicado en La Verdad Obrera Nº 68