Cincuenta y seis obreras mujeres –jóvenes, mayores, algunas madres, otras abuelas– fabrican cien trajes por mes para señores elegantes. Trajes que llevan etiquetas con marcas muy conocidas de acento francés. Sus maridos no pueden vestir esos trajes que confeccionan sus esposas y que cuestan el salario de un mes. Usan camisas de trabajo, overoles, remeras mientras sus esposas siguen reclamando una fábrica que no les pertenece por ley sino por derecho propio.
Los jueces que les arrebataron el sueño, los comisarios que ordenaron arrojarle gases y dispararles, y los funcionarios del gobierno que desde hace un año y medio no atienden sus reclamos cobran salarios que equivalen a quince, veinte, treinta trajes de esos que llevan etiquetas con marcas muy conocidas de acento francés.
Se los puede ver vestidos con esos trajes que fabrican las obreras de Brukman en los canales de televisión, sosteniendo por qué es legal echarlas con la policía, por qué es correcto dispararle balas de goma, alegando por qué es justo obligarlas a sentarse con el empresario corrupto que no pagaba impuestos ni cargas sociales y abandonó la fábrica cuando ya no era un negocio para él. Y al día siguiente se los puede ver con otro traje parecido, porque tienen varios.
Los salarios de estos jueces, funcionarios del gobierno y comisarios (que equivalen a quince, veinte, treinta trajes de esos que fabrican las obreras de Brukman) los pagan los vecinos y vecinas, los comerciantes de Buenos Aires cuando abonan sus impuestos. Los pagan, finalmente, aquellos que para tener un traje de estos elegantes con nombre francés, tienen que ahorrar un tiempo o pagarlo en cuotas. Los pagan los que se compraron un solo traje de estos para el casamiento de la hija o el bautismo del primer nieto.
Sin embargo, jueces, funcionarios y comisarios mantuvieron bloqueadas varias calles y avenidas de la ciudad con carros de asalto, perros, patrulleros, motos policiales y vallados. Durante varios días, estos jueces, funcionarios y comisarios impidieron que se pueda ir a la panadería, a la farmacia, al bar, al quiosco y a la estación de servicio del barrio de Balvanera que permanecieron cerrados porque no tenían a quién venderle (todos sabemos que los policías siempre piden fiado).
Los periodistas de los diarios y los canales de televisión también se visten con trajes. Pero no son de las marcas de primera calidad que usan los jueces, los comisarios y los funcionarios de gobierno; no todos. Ellos trabajan y no querrían estar en la misma situación que las obreras de Brukman, sólo preguntan y preguntan: algunos preguntan a las obreras, otros a los comerciantes del barrio, otros al juez y otros al señor Brukman que abandonó la empresa hace un año y medio.
Algunos periodistas van presos, otros se ahogan con los gases lacrimógenos que arruinan los trajes que tienen que usar para trabajar, otros se asustan y salen corriendo.
Pero son los directivos de los medios los que deciden que esa nota sí y esa nota no. Son los que deciden que a los vecinos y vecinas de Buenos Aires no les conviene saber toda la verdad; son los que deciden que al gobierno no le conviene que se diga toda la verdad. Los directivos de los medios suelen vestirse con los mismos trajes que usan el juez, el comisario y los funcionarios y nunca, nunca, nunca se los agujerean con balas de goma.
Cincuenta y seis obreras que hacen trajes para hombres de primera calidad persisten en su reclamo. Saben que a esos señores que se visten con los trajes elegantes que ellas fabrican sólo podrán torcerles el brazo con el apoyo incondicional que están recibiendo de las miles de familias vecinas que, vestidas de cualquier manera, aprueban que la empresa le pertenece a esas señoras –algunas madres, otras abuelas– que hoy luchan por su dignidad con hilo y aguja en mano.
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